El intendente de Lavalle, Roberto Righi, se refirió al procedimiento de registración que realizó el martes la fiscal Gabriela Chavez en su comuna y realizó críticas al convenio que se firmó con la Tupac Amaru. Desde las 13 la fiscal estuvo registrando diversas áreas del municipio en busca de información referida la operatoria de entrega de viviendas por parte de la organización barrial.

El jefe comunal explicó que se encontraba en Maipú en el momento en que se realizó el procedimiento, que duró hasta las 23 horas, sin embargo fuentes judiciales afirmaron que la medida duró hasta la 1.30. La justicia secuestró la computadora del intendente que estaba en su despacho junto a cinco máquinas más de otras áreas.

Righi mostró tranquilidad frente a la registración de documentos públicos y aseguró que el trabajo que realizó el municipio siempre fue de “buena fe”. “Confío en la justicia, que se nutran de toda la información que necesiten. Quiero interpretar que no es persecución política”, añadió el intendente.

La operatoria

Tal como lo explicaron desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se firmaba un convenio entre la nación, municipios y cooperativas. Luego se hacía el desembolso en el IPV que debía transferir los fondos a los municipios y estos a las organizaciones barriales. En tanto, la comuna y el organismo se encargaban de controlar las certificaciones de las obras.

Frente a esto el peronista volvió a explicar cuál era el rol del municipio, pero cuestionó que el programa de “Integración Socio-comunitaria” venía “enlatado” desde la Nación. Para el jefe comunal, el principal defecto que tenía es que debían entregar 100% de los fondos cuando la obra estaba al 85%.

“Eso estaba escrito en el convenio, que para nuestro gusto estaba mal. Había un 15% de la obra que quedaba fuera de control”, explicó el lavallino.

El convenio para Lavalle establecía la construcción de alrededor de 500 casas. La primera etapa se terminó pero para las 250 viviendas finales los fondos se cortaron y quedaron con la obra gruesa.

“Los fondos los conseguía la misma organización a nivel nacional. Tenía un convenio enlatado, así que tenía ciertas pautas donde los municipios construíamos los terraplenes. Esos fondos venían a través del IPV, que lo transfería en este caso a la municipalidad de Lavalle”, explicó el intendente.

Y agregó: “La Municipalidad era la que firmaba convenio con cada una de las cooperativas que tenía la Tupac Amaru mientras que la certificación, avance de obra y acuerdo con la Nación se hacía con el IPV. Una vez que el IPV tenía la certificación del avance de obra, que se hacía con técnicos en conjunto, se llevaba a la Municipalidad para que le pagara a cada una de las cooperativas con las que teníamos el convenio firmado”.

“De ahí en adelante nosotros no teníamos que ver en la negociación. Hasta ahí llegábamos nosotros”, indicó Righi en declaraciones radiales.

Irregularidades

Righi mencionó que en las inspecciones de obra se encontraron irregularidades como paredes mal construidas y utilización de materiales inadecuados. “Hemos rabiado con ellos”, confesó.

También criticó que la organización kirchnerista “tenía una metodología de funcionamiento muy particular”.

Mientras tanto Nélida Rojas permanece detenida en la en la Unidad Penitenciaria de Agua de las Avispas. Se esperaba que esta tarde a las 15 fuera a declarar, sin embargo la indagatoria quedó suspendida por pedido de la defensa.

Sobre las acusaciones que un sector del PJ realizó sobre la situación de Rojas, a quien califican como una “presa política”, Righi prefirió no polemizar. “Yo no voy a entrar en ese problema. La Justicia tiene que actuar como está haciendo, no voy a entrar en esos dimes y diretes”, sentenció.