El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desplazó a 22 familias del barrio Quinta Boedo de Luján de Cuyo por, según explicaron desde ese organismo, no cumplir con los requisitos y el PJ estalló en bronca, ya que algunos de los que se quedaron afuera eran personas que trabajaron en la administración pública en la gestión anterior.
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A raíz de esta situación el presidente del IPV, Damián Salomone, reiteró que las personas que fueron excluidas del barrio Quinta Boedo de Luján de Cuyo, no completaban las condiciones requeridas para acceder a una vivienda.
Originariamente, el barrio fue construido para empleados del IPV, y luego se sumaron personas que no trabajaban en esa repartición.
Pero esta explicación no convence al peronismo, ya que aseguran que la gestión actual desplazó a militantes del PJ y ubicó a nuevos adjudicatarios vinculados al radicalismo. Uno de los cuestionamientos de la oposición es el caso de una mujer cercana a la UCR y que aseguraban que no era empleada de planta del IPV.
Además los justicialistas hicieron referencia a una joven que trabaja en la Municipalidad de Luján de Cuyo y que también tendrá su vivienda en el barrio Quinta Boedo.
Sobre estos casos, Salamone explicó que la primera mujer en cuestión es empleada de planta permanente del IPV, por lo que le corresponde la casa, mientras que la empleada de Omar de Marchi, en un primer momento iba a ser adjudicataria de un departamento, pero como su familia se agrandó se hizo un enroque y ella pasó al barrio de Luján de Cuyo.
Además el funcionario del IPV señaló que la resolución firmada en 2015 por el ex presidente del organismo, Omar Parisi, dejaba en claro que la condición de preadjudicatario no determina derechos definitivos sobre el crédito comprometido, y explicó que el IPV puede dejar sin efecto la preadjudicación si se verifica que no se cumplen los requisitos.
Los excluidos
Entre los nombres de los que quedaron excluidos figuran Roberto Lucero, empleado de la Cámara de Diputados y allegado al diputado del PJ, Jorge Tanús, y Silvana Stocco, quien trabajó junto al ex vicegobernador Carlos Ciurca y actualmente sigue en el Senado.
Sobre esto, el funcionario del IPV por un lado aclaró que los 22 que quedaron afuera no eran todos justicialistas, sino que además había comerciantes independientes que no cumplían los requisitos.
De hecho el presidente del IPV informó que entre los adjudicatarios hay personas afiliadas al PJ. En ese sentido explicó que se le otorgó vivienda a una delegada gremial de Ate, Jorgelina Champaño y a un delegado gremial de ATSA, Darío Cuello

