El Senado sancionó este jueves por la tarde la Ley de Discapacidad, que mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre. La votación fue unánime, es decir, 71 adhesiones contra 0 negativas (solamente hubo un ausente).
El Gobierno nacional buscó implementar un recorte del gasto destinado al sector, aunque la propuesta enfrentó reiteradas dificultades en el Congreso. El proyecto que fue tratado en el recinto, en cambio, establece de manera permanente buena parte de las prestaciones que hasta el momento estaban incluidas en el régimen de emergencia.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.
“La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”, dijo.
Desde la oposición, la exgobernadora y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”. “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”, expresó.
La senadora catamarqueña, Lucía Corpacci, señaló que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado” y dijo que esta ley sale “porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle”.
“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, planteó.
Agregó que “por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos”.
El senador por San Juan, Sergio Uñac, reclamó que el Gobierno nacional “pida disculpas” por las medidas implementadas en materia de discapacidad y cuestionó que las personas con discapacidad sean consideradas una variable de ajuste.
Por su parte, la kirchnerista Juliana di Tullio manifestó: “Quiero agradecerle a los argentinos y argentinas con discapacidad que nos hayan dado una lección enorme y maravillosa a todos los senadores y que han convertido votos que eran en contra y que ahora van a votar a favor”.
En tanto que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo: “Estamos saliendo de una emergencia para generar certeza, transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa”.
Qué implica la nueva ley
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecidos en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria -vinculado al IPC- y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
