Impsa empezó a mostrar algunas señales de recuperación, aunque todavía está lejos de superar la crisis financiera que arrastra desde hace casi 15 años. El balance del tercer trimestre de 2026 reflejó un fuerte crecimiento de las ventas y una mejora en algunos indicadores de su actividad industrial.

En paralelo, la empresa avanzó en acuerdos con Venezuela para retomar trabajos en dos centrales hidroeléctricas. Se trata de un mercado que fue determinante en el deterioro de sus finanzas y que ahora vuelve a ser clave para intentar revertir su situación.

Entre julio y septiembre, la metalmecánica mendocina registró ventas por $17.545 millones, un 145% más que en el mismo período del año pasado. También consiguió reducir un 55% la pérdida bruta, que pasó de $5.706 millones a $2.563 millones. La mejora muestra que la actividad comenzó a recuperarse y que se achicó la diferencia entre lo que la compañía factura y lo que le cuesta producir.

Los ingresos estuvieron impulsados principalmente por los trabajos del área fotovoltaica, que aportaron $9.574 millones durante el trimestre. También tuvieron peso los negocios de grúas y el sector nuclear. Sin embargo, el crecimiento comercial todavía no fue suficiente para que la empresa volviera a obtener ganancias: Impsa registró una pérdida neta de $2.117 millones entre julio y septiembre.

La comparación con el mismo período de 2025 requiere una aclaración. Entonces, la compañía había informado una ganancia extraordinaria vinculada con la reestructuración de su deuda, por lo que ese resultado no reflejaba exclusivamente el desempeño de su actividad industrial.

El panorama es más complejo cuando se observa el acumulado del año. Entre enero y septiembre, Impsa registró pérdidas por $48.048 millones. Aunque sus ventas crecieron un 91% interanual, el incremento de la facturación no alcanzó para compensar los costos de producción y los gastos de funcionamiento.

Venezuela, del origen de la crisis a una posible salida

La situación de Impsa no puede analizarse sin considerar su relación con Venezuela. Los problemas de pago de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad de ese país, comenzaron a afectar gravemente sus finanzas en 2013. Los incumplimientos se acumularon durante años y se convirtieron en uno de los factores que más condicionaron a la metalmecánica mendocina.

El problema sigue teniendo una dimensión considerable. Al 30 de septiembre, el 92,63% de los créditos por ventas de Impsa correspondía a contratos con Corpoelec. Dentro de esa exposición, la empresa tenía facturas vencidas e impagas por más de $48.429 millones.

En su balance, el directorio manifestó que viene realizando gestiones para recuperar esas acreencias y que, a partir de las negociaciones en curso, considera que podrá cobrarlas. Los auditores de Becher y Asociados, en cambio, advirtieron que no pueden prever cuándo ni en qué condiciones se concretarán los pagos.

La diferencia entre ambas posiciones es relevante: mientras la empresa mantiene expectativas de cobro, los auditores señalan que no cuentan con elementos para establecer cuándo ingresará ese dinero.

En ese contexto se inscribe el acuerdo firmado el 12 de agosto con Corpoelec para retomar los trabajos en las centrales hidroeléctricas de Macagua y Tocoma. El programa apunta a recuperar 672 megavatios de generación en un plazo de 24 meses.

El plan contempla tareas de ingeniería, fabricación, montaje y puesta en servicio, además de aprovechar equipos y desarrollos que quedaron pendientes durante los años de crisis. En Tocoma, por ejemplo, el balance describe avances en la fabricación y el montaje de los equipos, aunque todavía quedan trabajos por completar.

La paradoja es evidente. Venezuela fue uno de los principales factores detrás del deterioro financiero de Impsa y ahora vuelve a aparecer como una oportunidad para reactivar sus operaciones. Pero el resultado dependerá no solo de que los trabajos se concreten, sino también de que los nuevos contratos tengan condiciones de pago que permitan recuperar los recursos invertidos.

Respaldo del nuevo dueño y reestructuración

Otra pieza importante para entender el presente de Impsa es el cambio de control accionario. La compañía quedó bajo la conducción de Industrial Acquisitions Fund (IAF), el fondo estadounidense que tomó las riendas en 2025 y asumió el compromiso de aportar capital para sostener su recuperación.

Durante este año, el grupo completó el aporte comprometido de 27 millones de dólares y realizó nuevas inyecciones de fondos por $4.319 millones. A ese respaldo se sumó la reestructuración de la deuda mediante el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que obtuvo la homologación judicial en mayo de 2026.

El acuerdo permitió reorganizar los vencimientos y darle a la compañía más tiempo para ordenar sus operaciones y recuperar negocios. Sin embargo, al cierre del balance todavía restaba completar la documentación y los trámites necesarios para implementar el canje de deuda previsto.

El respaldo del accionista y la reestructuración le dieron a Impsa un margen para continuar operando, pero no resolvieron sus problemas estructurales. La empresa todavía necesita mejorar sus resultados, generar efectivo y convertir sus contratos en recursos disponibles.

Uno de los indicadores más claros de esa dificultad aparece en el estado de flujo de efectivo. Durante los primeros nueve meses del año, las operaciones consumieron más de $16.600 millones. Al mismo tiempo, las disponibilidades cayeron alrededor de un 64% respecto del cierre de 2025.

Las advertencias de los auditores

El balance también dejó una señal de alerta sobre el futuro de Impsa. El informe de Becher y Asociados incluyó una conclusión con salvedades y un apartado específico sobre la incertidumbre material relacionada con la continuidad de la compañía como empresa en funcionamiento.

Los auditores señalaron que las pérdidas operativas, el flujo de fondos negativo y la incertidumbre sobre los recursos que generarán los proyectos en ejecución plantean dudas relevantes sobre la capacidad de Impsa para continuar sus actividades. La advertencia no implica que exista una decisión de cierre, pero expone las dificultades que todavía enfrenta la empresa para sostener su funcionamiento.