Adriana García ya había recibido a legisladores mendocinos en septiembre. Entre ellos, Pamela Verasay, que firmó el dictamen del Presupuesto.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Adriana García, expresó su preocupación por el dictamen de mayoría que obtuvo este martes el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados de la Nación, al señalar que la iniciativa oficial desoye los reclamos presupuestarios de las casas de estudios públicas, lo cual generará nuevos recortes.

El avance legislativo del texto enviado por el Poder Ejecutivo contó con el respaldo determinante de la diputada nacional mendocina Pamela Verasay (UCR), quien estampó su firma sin plantear disidencias y quedó en el centro de una ola de críticas por parte de la militancia radical y de organizaciones estudiantiles.

El despacho de mayoría fue debatido este miércoles durante una reunión del Consejo Superior de la UNCuyo, donde las autoridades universitarias analizaron el impacto financiero que enfrentará la institución de aprobarse la ley en el recinto el próximo miércoles 25 de noviembre.

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza logró reunir 27 firmas sobre un total de 49 integrantes. A las 20 rúbricas propias del oficialismo se sumaron siete acompañamientos de bloques aliados —cinco de ellos con disidencias parciales—: Pamela Verasay (UCR), Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis (PRO), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán) y Eduardo Falcone (MID).

Por el contrario, se abstuvieron de acompañar el despacho oficialista los diputados de Provincias Unidas -la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti- y el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), mientras que los 18 legisladores de Unión por la Patria presentaron su propio dictamen de minoría.

El reclamo de la UNCuyo y el ajuste para pagar tarifas

En diálogo con El Sol, Adriana García sostuvo que el escenario legislativo era previsible para el sistema universitario, pero alertó sobre la gravedad del desfinanciamiento proyectado. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó una partida de 11 billones de pesos -en línea con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario-, la propuesta del Gobierno nacional contempla una asignación global de 7,3 billones.

“Creo que las universidades nacionales sabíamos que no se iban a contemplar los 11 billones pedidos por el CIN, sobre lo enviado por el Poder Ejecutivo, que no son 7 billones, sino que son 6 billones, porque bajo la línea del presupuesto ordinario hay 1.000 millones que discrecionalmente el Poder Ejecutivo va a decidir”, explicó la rectora.

Según detalló García, la insuficiencia de fondos obligó a la casa de estudios mendocina a reasignar partidas internas para afrontar el incremento del 40% en las tarifas de servicios públicos. “La semana pasada nos tuvimos que reunir para ver cómo vamos a pagar los servicios básicos, es decir: luz, gas, limpieza y seguridad. ¿Y eso qué significa? Un recorte. Y el recorte lo hemos tenido que hacer en áreas como Bienestar, como Transformación Digital y otros proyectos que tuvimos que dejar de lado precisamente para poder pagar esos servicios“, precisó, advirtiendo que esta situación se adelantó a octubre cuando el año pasado recién había ocurrido en diciembre.

La titular del Rectorado recordó que, previo al dictamen, tanto ella como los decanos de las distintas facultades mantuvieron encuentros con los legisladores nacionales por Mendoza para detallar el costo operativo de insumos básicos como microscopios o sillones odontológicos. Ante la falta de respuestas en el Congreso, anticipó que este viernes acudirán a la Legislatura provincial: “Queremos que sepan cuál es la situación de la Universidad Nacional de Cuyo. Es importante que la sociedad nos vea como lo que somos: un patrimonio histórico cultural que necesita apoyo y que conozcan nuestra realidad”.

El tiempo en Mendoza: doble alerta por tormentas y Zonda

La temperatura máxima para la jornada será de 30 grados centígrados, mientras que la mínima alcanzará los 15 grados centígrados. Habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Tormentas en…

Además del recorte en los montos globales, el articulado del Presupuesto 2027 establece nuevas condiciones administrativas y de fiscalización sobre las universidades. Obliga a las instituciones a remitir información detallada al Ministerio de Capital Humano sobre la asignación y ejecución de recursos, habilitando a la cartera nacional a interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento.

También exige discriminar en los presupuestos aprobados, la ejecución contable y la cuenta de inversión las clasificaciones funcionales de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.

A su vez, dispone que las actualizaciones salariales de 2027 se aplicarán únicamente sobre las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones expresamente autorizadas por Capital Humano.

Tras conocerse el despacho, la Federación Universitaria Argentina (FUA) emitió un comunicado denunciando que el proyecto deja a las universidades “un 32% por debajo de lo que necesitan para funcionar el próximo año”. “No es un recorte más: es un ataque directo al funcionamiento de nuestras facultades, a la ciencia, a las becas estudiantiles y a los salarios docentes y nodocentes. Con este presupuesto, la universidad pública no cierra sus cuentas, cierra sus puertas”, advirtió la entidad, reclamando modificaciones en el recinto.

Paralelamente, en la red social X se multiplicaron los cuestionamientos dirigidos a Pamela Verasay, titular del bloque de la UCR en Diputados, debido al histórico vínculo del radicalismo con la universidad pública y al hecho de haber firmado el dictamen oficialista sin objeciones.

Consultados por El Sol, desde el entorno de la bancada radical -que cuenta con cinco escaños en la Cámara Baja- defendieron la postura adoptada y remarcaron que la discusión parlamentaria continúa abierta. “El debate no se cierra únicamente con la firma de un dictamen. Acompañar el Presupuesto, que es el instrumento que brinda previsibilidad y gobernabilidad, es una responsabilidad para los que entendemos que no queremos poner palos en la rueda. Nuestro pedido por las universidades no se acaba en esta instancia”, señalaron.