La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza revocó un fallo que había rechazado la demanda y condenó al Hospital Lagomaggiore a pagar $195.000.000 -más intereses- a una joven que perdió su útero y ovarios tras una cesárea, y a su pareja. El tribunal determinó que el extravío parcial de los registros médicos y la falta de constancia sobre las pautas de higiene en el puerperio fueron claves para revertir la sentencia.
La resolución, firmada por los jueces María Silvina Ábalos, Claudio Leiva y Claudio Ferrer, multiplicó por más de treinta veces el reclamo original de $6.000.000 iniciado por los demandantes. Mientras que el hospital deberá afrontar la totalidad de la condena en un plazo de diez días, la Provincia de Mendoza fue absuelta de responsabilidad
Una cifra millonaria: cómo se componen los $195 millones
El fallo fijó montos actualizados a la fecha de la sentencia bajo el principio de reparación plena, aplicando criterios actuariales y compensaciones por proyecto de vida. Al capital de condena deberán sumarse intereses.
$115.000.000 por incapacidad sobreviniente para la mujer. La Cámara ponderó que la víctima tenía 23 años al momento del hecho y sufrió una incapacidad del 60% por la anexohisterectomía que le impide procrear de forma permanente y conlleva riesgos futuros asociados a la menopausia prematura
También se tuvo en cuenta abonar otros $60.000.000 por daño moral. El tribunal valoró las internaciones prolongadas, el hecho de haberse visto privada de cuidar a su hija recién nacida en sus primeros meses, las secuelas emocionales y el daño psíquico -diagnosticado como una Reacción Vivencial Anormal Grado III con manifestación depresiva del 20%-. El fallo señaló que esa suma le permitiría acceder a una vivienda modesta en Las Heras, iniciar un emprendimiento laboral o realizar viajes recreativos con su familia.
También $20.000.000 por daño moral para la pareja de la mujer que sufrió mala praxis. La Cámara reconoció al conviviente y padre de la niña como damnificado indirecto, al haberse truncado de manera definitiva el proyecto familiar compartido de tener más hijos.
Además de los $195.000.000, el Hospital Lagomaggiore deberá pagar todas las costas del proceso, incluso las correspondientes al rechazo de la demanda contra la Provincia, porque su historia clínica incompleta indujo a los actores a demandar erróneamente al centro de salud provincial.
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El caso
El fallo detalla cronológicamente los sucesos. Todo comenzó cuando, en mayo de 2019, la demandante realizó sus controles en el Centro de Salud Nº 17 “Dr. Carlos Evans” de Las Heras, donde se le detectó una infección urinaria tratada con cefalexina. Un sedimento urinario confirmó que la infección persistía.
En agosto de ese mismo año se produjo la derivación e internaciones previas al parto. Con 32 semanas de gestación y diagnóstico de pielonefritis aguda, fue derivada al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada por amenaza de parto pretérmino, recibió antibióticos endovenosos y maduración pulmonar fetal. Recibió el alta y después fue reinternada brevemente para estudios de control y ecografía Doppler.
En septiembre de 2019 tuvo lugar la cesárea de urgencia y alta sin registros. Ante dilatación cervical y signos de taquicardia fetal, se le practicó una cesárea de urgencia y nace su hija. Recibió el alta, pero en la historia clínica no quedó asentado ningún detalle sobre el estado del puerperio ni las indicaciones higiénico-dietéticas dadas al egresar.
Días después, apareció una infección fulminante y se procedió a la cirugía mutilante. Apenas 48 horas luego del alta, la paciente acudió a la guardia con dolor en la herida, fiebre y otros síntomas. Entró al quirófano de urgencia, donde se le realizó una anexohisterectomía a raíz de una grave infección conocida como fascitis necrotizante o gangrena de Fournier.
Tras la cirugía, permaneció en terapia intensiva con asistencia respiratoria y limpiezas quirúrgicas diarias, pasando luego a terapia intermedia y sala común hasta recibir el alt a finales de octubre. Los días siguientes volvió a ser internada.
En febrero de 2021 se hizo el secuestro parcial de la historia clínica. En una medida preliminar judicial, el Hospital Lagomaggiore entregó la historia clínica conformada por solo dos tomos (116 fojas en total), faltando los registros posteriores a la cesárea.
Un año después, al contestar la demanda por $6.000.000, el hospital admitió que parte de la historia clínica había estado extraviada y recién entonces aportó el resto de la documentación.
A mediados de 2025, las pericias médica ratificaron en audiencia que en las copias iniciales entregadas tras la cesárea faltaba información y que en la historia clínica no figuraban las instrucciones de cuidado puerperal.
En abril de 2026 se dio el primer fallo adverso. El Tribunal de Gestión Asociada Nº 2 rechazó la demanda. Sostuvo que la infección urinaria no causó la gangrena de Fournier y descartó analizar la falta de pautas higiénicas al alta porque ese argumento fue introducido en los alegatos y no en la demanda inicial.
En noviembre de este año, es decir días atrás, la Cuarta Cámara de Apelaciones revocó el rechazo, condenó al Hospital Lagomaggiore por $195.000.000 y eximió a la Provincia de Mendoza.
La Cámara concluyó que si la actora demandó inicialmente apuntando a la infección urinaria fue porque el hospital le entregó una historia clínica mutilada en 2021. Impedirle luego adaptar su reclamo a lo que reveló la historia clínica completa violaría la tutela judicial efectiva y convertiría al principio de congruencia en una “trampa procesal” que premiaría la propia negligencia del nosocomio. Además, el propio hospital había sugerido en la pericia que la infección pudo deberse a la falta de higiene de la paciente tras el alta, por lo que no podía luego desconocer el debate sobre ese punto sin contradecir sus propios actos.
Por otro lado, aunque el perito médico señaló que por costumbre suele explicarse verbalmente qué cuidados tener, en la historia clínica no existía registro alguno de las pautas higiénico-dietéticas entregadas. El tribunal recordó que las omisiones en la historia clínica generan presunciones en contra del establecimiento médico y concluyó que la falta de instrucciones preventivas constituyó una falta de servicio que actuó como “puerta de entrada” de la infección en una mujer joven sin otros factores de riesgo.
El fallo remarcó la asimetría técnica y la vulnerabilidad potenciada de la mujer en el posparto inmediato, señalando que omitir información sanitaria esencial y desatender el deber de cuidado en ese contexto configura también una forma de violencia obstétrica.
En cuanto al Centro de Salud N° 17 —-de la Provincia de Mendoza-, la Cámara mantuvo el rechazo de la demanda al quedar probado por la pericia médica que la infección urinaria y la pielonefritis tratadas durante el embarazo no guardaron relación causal con la fascitis necrotizante posterior a la cesárea
