La Municipalidad de Malargüe abrió un nuevo frente de reclamo contra el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para exigir que la Justicia devuelva progresivamente un edificio municipal que ocupa desde 2017 y reclame el pago de los servicios básicos utilizados durante todo ese período. Por su parte, el intendente Celso Jaque firmó un decreto para hacer efectiva la restitución.
El planteo de Malargüe apunta a una situación que, según los fundamentos de la normativa, generó durante casi una década una carga económica para las arcas municipales. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el organismo judicial utilizó las instalaciones sin hacerse cargo de las facturas de electricidad, agua y gas, además de otros gastos vinculados al funcionamiento cotidiano del inmueble.
Malargüe reclama que la Justicia devuelva un edificio y pague deudas de nueve años
La Municipalidad de Malargüe abrió un nuevo frente de reclamo contra el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para exigir que la Justicia devuelva progresivamente un edificio municipal que ocupa desde 2017 y reclame el pago…
La ordenanza 2.405, impulsada a partir de un proyecto del bloque Reconstruyendo Malargüe, habilitó al Ejecutivo municipal a iniciar un reclamo administrativo ante los organismos provinciales para exigir el reintegro del inmueble, el pago de los nueve años de servicios y una compensación por la ocupación del edificio desde 2017 hasta la actualidad.
Un edificio pensado para la comunidad
El inmueble pertenece al patrimonio municipal y originalmente fue construido para funcionar como Centro Integrador Comunitario (CIC), dentro de un programa nacional destinado a brindar atención primaria, contención social y acceso a servicios de salud, educación y promoción de derechos.
Sin embargo, desde 2017 sus instalaciones están destinadas al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Penal. El edificio se encuentra en un barrio residencial, rodeado de viviendas y con presencia de familias y niños, una situación que el Concejo también incorporó entre los argumentos para reclamar la recuperación de su destino original.
Según los fundamentos de la ordenanza, el acuerdo que permitió la utilización del inmueble fue celebrado durante la gestión del entonces intendente Jorge Vergara Martínez, sin que se estableciera una contraprestación económica proporcional y sostenida en el tiempo.
El Municipio también aportó personal
El reclamo no se limita a las facturas de los servicios. La normativa sostiene que el Municipio también destinó trabajadores municipales para cumplir funciones administrativas en las dependencias judiciales, bajo el régimen de adscripción.
Ese esquema, advierte el Concejo, implicó afectar recursos humanos locales en beneficio de un organismo provincial, con remuneraciones inferiores a las correspondientes al escalafón judicial.
Además, los fundamentos mencionan que otras dependencias vinculadas al sistema de Justicia, como la Alcaidía local, tampoco afrontarían los costos de los servicios esenciales que utilizan.
Qué establece la ordenanza
La norma aprobada el 22 de octubre establece dos medidas centrales. Por un lado, dispone la restitución paulatina del edificio al Municipio, mediante un cronograma de desocupación progresiva que deberá garantizar la continuidad del servicio de Justicia.
Por otro, autoriza al Departamento Ejecutivo a iniciar las actuaciones administrativas necesarias para reclamar el pago de la luz, el agua y el gas utilizados durante el período de ocupación, además de cualquier otro concepto que corresponda como compensación por el uso activo, continuo y exclusivo del inmueble.