A más de tres años del incendio que arrasó con la playa de secuestro de vehículos San Agustín, en Capital, el saldo judicial de la tragedia asciende a casi $45 millones en convenios de pago. Pese a la magnitud del siniestro, que afectó a miles de automóviles y motocicletas, los reclamos patrimoniales relevados hasta el momento son pocos en comparación con la cantidad de rodados destruidos.
El incendio se produjo el 16 de septiembre de 2023 y provocó pérdidas totales en gran parte de los vehículos que se encontraban en el predio, bajo custodia de la Policía de Mendoza y la Municipalidad de Capital. Según datos del Ministerio de Seguridad, alrededor de 28.000 vehículos quedaron afectados por el fuego.
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El balance actualizado de los expedientes vinculados con el siniestro contempla 17 vehículos: ocho cuentan con convenios de pago suscriptos, siete casos continúan en trámite y dos ofrecimientos patrimoniales fueron rechazados.
La suma de los acuerdos firmados alcanzó los $44.869.851.
Cómo se distribuyen esos casi $45 millones
Los ocho convenios suscriptos corresponden a vehículos de distintas características y valores. Entre los montos más elevados se encuentra el de una Volkswagen Amarok 2.0 TDI, por $15.883.687, seguida por un Ford Escort, con un acuerdo de $9.458.758, y un Fiat Spazio, por $8.063.846.
También se firmaron convenios por un Chevrolet Corsa Classic 2010, por $3.530.501; un Fiat Siena Attractive, por $4.188.338; y un Volkswagen Gol, por $2.314.963.
A esos montos se suman dos motocicletas: una Motomel Blitz 110, por $789.130, y una Motomel B 110 modelo 2017, por $640.628.
Los montos abonados corresponden a las cifras finales de cada reclamo, una vez aplicados los descuentos y contemplados los gastos correspondientes.
En paralelo, siete expedientes permanecen en trámite. Entre ellos figuran una Motomel Sirius 200, una Zanella RX 150, una Chevrolet S-10 2.8 TD 4×2 LTZ, un Ford Focus, una Yamaha SZ15RR, otra Zanella RX y un Peugeot 504 modelo 1993.
Por otro lado, fueron rechazados los ofrecimientos patrimoniales correspondientes a un Ford Fiesta Kinetic y una Renault Kangoo.
Por qué se pagaron indemnizaciones
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el Estado tenía la responsabilidad de custodiar los vehículos secuestrados, por lo que algunos propietarios iniciaron reclamos por los daños ocasionados durante el incendio.
La Fiscalía de Estado intervino en el proceso de pago de los acuerdos, mientras que las evaluaciones patrimoniales quedaron a cargo de una comisión evaluadora del Gobierno provincial. Una vez determinado el monto, se concretó el convenio y se remite para su pago.
El cálculo no se realiza de una única manera. Para los vehículos modelo 1999 en adelante se toma como referencia el avalúo fiscal registrado, mientras que para los modelos anteriores se utiliza el valor de mercado.
Este mecanismo explica por qué los montos ofrecidos pueden variar considerablemente entre rodados, incluso cuando sus propietarios atraviesan una situación similar.
Además, desde el Ministerio señalaron que los plazos legales para presentar nuevos reclamos ya prescribieron -expiró en septiembre de 2026, a tres años del incendio-. Por ese motivo, sostienen que no pueden incorporarse nuevas demandas por la responsabilidad vinculada con la custodia de los vehículos afectados.
Un incendio que expuso un problema
El siniestro de San Agustín no solo dejó consecuencias patrimoniales y judiciales. También expuso la dimensión de un problema que se había acumulado durante décadas en la provincia.
La playa había funcionado durante más de 50 años y concentraba miles de automóviles, motocicletas y autopartes secuestrados. De acuerdo con la información oficial, cerca del 77% de los poco más de 28.000 vehículos que había en el predio estaban judicializados, es decir, permanecían vinculados a causas judiciales.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que una parte importante de esos rodados llevaba años sin ser reclamada. La acumulación de vehículos convirtió al predio en un depósito de grandes dimensiones, con dificultades para su gestión y disposición final.
Después del incendio, se puso en marcha un proceso de descontaminación que permitió compactar más de 28.000 vehículos y retirar más de 5.100 toneladas de material.
El nuevo sistema para evitar otra playa San Agustín
A partir de esa situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia avanzó en un esquema para administrar los vehículos secuestrados y evitar que vuelvan a acumularse durante años en predios policiales.
El modelo contempló distintas etapas, desde el ingreso y la custodia hasta la devolución a sus propietarios, el remate o la compactación, de acuerdo con la situación legal de cada rodado.
El objetivo es mejorar el seguimiento de los vehículos, recuperar espacio físico y liberar recursos policiales que durante años estuvieron destinados a su custodia.
El destino final de los materiales debe quedar bajo seguimiento de gestores autorizados, con certificaciones ambientales que permitan verificar su tratamiento.