María Jimena Pina González, la conjueza que ha participado de las audiencias de la causa contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino -imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego-, quedó posicionada en el primer lugar del orden de mérito para ocupar la vacante del Juzgado Penal Colegiado N° 1.
De acuerdo con registros a los que tuvo acceso El Sol, la magistrada obtuvo la calificación más alta durante las recientes entrevistas del Consejo de la Magistratura, sumando un puntaje de 6,972. Esta cifra le permitió subir tres escalones respecto de los resultados obtenidos en el examen técnico y de antecedentes rendido en 2024, donde había quedado en la cuarta posición con 2.772 puntos.
La planilla del plenario contó con las firmas de conformidad del juez de la Suprema Corte, Julio Gómez, y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, entre otros consejeros.
Un juzgado vacante
La vacante en el Juzgado Penal Colegiado N° 1 se produjo luego de que su anterior titular, Eleonora Arenas, dejara el cargo tras la aprobación de su pliego en el Senado para integrarse al Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.
Arenas había sido sorteada originalmente para instruir la llamada causa D’Agostino cuando aún no prestaba juramento para su nuevo puesto. Tras dos semanas en que el expediente permaneció sin un magistrado al frente, la Suprema Corte hizo uso de la facultad que le permite nombrar conjueces a partir de la lista de postulantes a otros cargos.
De ese listado surgieron los nombramientos de María Jimena Pina González, Martin Hertlein y María Paula Furque para el Juzgado Penal Colegiado N° 1, sumados a la jura de Emilio Cuenca Musri en el Juzgado N° 2. Una vez asignada al expediente de D’Agostino, Pina González fue recusada por la querella, pero un tribunal rechazó el planteo y la confirmó al frente del proceso.
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Pina González cuenta con trayectoria en el Poder Judicial entre 2013 y 2022, etapa tras la cual ejerció la abogacía de manera independiente en el fuero penal. En ese ínterin, se desempeñó además como defensora particular de la propia Eleonora Arenas. En tanto, su hermano, Juan Manuel Pina González, se desempeña como juez del Tribunal Penal Colegiado N° 2.
El ascenso de Juan Manuel Pina González también dejó un casillero vacío en el fuero. En las entrevistas realizadas esta semana para esa otra vacante, la mejor puntuada fue la conjueza María Paula Furque, quien en la prueba técnica de 2024 había quedado relegada al puesto 14.
Cómo es el proceso de selección de magistrados
El proceso de selección y designación de magistrados en Mendoza está regulado por el Artículo 150 de la Constitución Provincial y la Ley N° 6.561. Este mecanismo requiere la intervención articulada de tres órganos principales: el Consejo de la Magistratura como órgano nominador, el Poder Ejecutivo (gobernador) como poder proponente, y la Cámara de Senadores como órgano de acuerdo.
La primera fase inicia con el llamado a concurso e inscripción (ordinaria anual o extraordinaria ante vacantes), donde el Consejo de la Magistratura efectúa la verificación de admisibilidad controlando los requisitos constitucionales de edad, título de abogado, años de ejercicio y residencia. Después, la Comisión Asesora Técnica lleva a cabo la evaluación técnica e idoneidad de los aspirantes mediante un examen escrito basado en un caso práctico, un examen oral de sustentación teórica-práctica, la evaluación de antecedentes (títulos, trayectoria, posgrados y docencia) y el examen de aptitud psicolaboral.
Superada la etapa técnica, el Pleno del Consejo de la Magistratura realiza una entrevista institucional para evaluar cualitativamente a los postulantes aprobados. Con base en los resultados, el Consejo elabora una terna vinculante y la remite formalmente al Poder Ejecutivo.
En la siguiente etapa, el gobernador elige uno de los candidatos de la terna y envía formalmente el pliego a la Cámara de Senadores para solicitar acuerdo. Aquí, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) evalúa los antecedentes y abre el periodo de impugnaciones y adhesiones públicas, paso previo a la audiencia pública presencial donde el postulante expone y responde a las preguntas de la ciudadanía
El procedimiento concluye en el Senado mediante un mecanismo de votación secreta, donde se emplea la bolilla blanca para el voto afirmativo que otorga el acuerdo, o la bolilla negra para el voto negativo que rechaza el pliego.
En caso de obtenerse el acuerdo, el gobernador formaliza la designación mediante un decreto provincial, y el postulante asume el cargo tras prestar el juramento de ley ante la Suprema Corte o la máxima autoridad del Ministerio Público.