Luego de que los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina— dictara una condena de 20 años de prisión para la monja Kumiko Kosaka en el marco del caso Próvolo II, el fiscal de la causa, Alejandro Iturbide, expresó su conformidad con el desenlace del juzgamiento, aunque detalló los alcances y las medidas cautelares fijadas hasta que la pena quede firme.
La resolución se conoció tras el cuarto intermedio dispuesto al término de los alegatos del miércoles, en los que la Fiscalía y la querella (representada por Sergio Salinas y Lucas Lecour) habían solicitado de manera unificada 22 años de cárcel y la detención inmediata. La defensa, a cargo de Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz, se opuso a ese requerimiento. Finalmente, tras la deliberación, el tribunal convalidó la responsabilidad penal pero fijó el monto de la pena en dos años menos de lo pedido por los acusadores.
“Una reparación de un daño muy grande”
Al término de la audiencia, el fiscal Iturbide sostuvo que la resolución del tribunal genera “mucha satisfacción” en el Ministerio Público Fiscal, al entender que constituye “una reparación de un daño muy grande que hubo en el marco de esta causa”. En ese contexto, recordó que el expediente se encamina a cumplir una década desde su inicio en noviembre de 2016.
Respecto al período de la sanción, evaluó que la pena impuesta de 20 años “se acerca bastante a los fundamentos y a la valoración” realizada por los investigadores sobre “las cosas gravísimas que ocurrieron y que eran responsabilidad de la condenada”. Asimismo, destacó la inhabilitación especial por el término de 10 años -el máximo legal previsto-para que Kosaka ejerza cualquier tipo de actividad vinculada al cuidado, guarda o educación de menores de edad.
Sobre los hechos atribuidos, el fiscal recordó que la Suprema Corte de Justicia la había encontrado culpable de siete delitos: cuatro en calidad de autora y tres como partícipe, los cuales afectaron a cinco víctimas distintas en el internado de Luján de Cuyo.
Las medidas para evitar el riesgo de fuga
Uno de los puntos clave fijados por el tribunal fue la no efectivización inmediata de la cárcel para la religiosa. Según precisó Iturbide, los magistrados no ordenaron la detención en esta instancia debido a que la condena aún no está firme y a que la defensa interpondrá nuevos recursos de apelación.
“Por el momento no se ha ordenado la detención, que era una de las medidas adicionales que habíamos pedido hasta que adquiera firmeza la condena, porque ella, con su defensa, ha interpuesto unos nuevos recursos”, dijo Iturbide.
“Pero se dispuso, en lugar de esto, retenerle el pasaporte, prohibirle salir del país y de la provincia, con la comunicación a todas las reparticiones; además de que fije un domicilio en Mendoza porque estaba residiendo en Buenos Aires y una fianza de 15 millones de pesos para que se rinda adicionalmente de otras medidas menores. Esto reasegura que no vaya a intentar en este tiempo una fuga“, añadió.
Consultado sobre los motivos por los que no se ordenó el encarcelamiento inmediato, el fiscal aseguró: “Creo que, por un lado, porque no está firme la condena. Por otro lado, porque ha estado un tiempo importante en detención anteriormente y todas estas medidas asegurativas para el tribunal tal vez parecen suficientes. Es una apreciación que hago porque, en realidad, dentro de cinco días van a dar los fundamentos, así que por el momento no los tenemos“.
Asimismo, Iturbide remarcó que la prisión efectiva será el paso que corresponderá ejecutar una vez que la resolución quede firme en las instancias superiores. Confió en que la sentencia quedará firme “porque el trabajo que ha hecho la Corte en revertir esta absolución tan injusta que hubo es impecable”.
Finalmente, al ser consultado por la situación procesal de las demás mujeres juzgadas en este tramo de la megacausa Próvolo, el fiscal explicó que sus casos respondían a realidades probatorias diferentes: en algunas situaciones no existió acusación fiscal por falta de elementos y en otras las pruebas resultaban “discutibles” o “insuficientes”, a diferencia del cuadro probatorio reunido contra Kosaka, al que calificó de “muy contundente”.