El Gobierno de Mendoza rechazó un reclamo salarial presentado por 32 trabajadores judiciales agrupados en la Asociación de Funcionarios Judiciales, quienes exigían el pago retroactivo de diferencias en sus haberes a partir de la aplicación de la denominada “Cláusula C“, incluida en el acuerdo paritario de 2013.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo declaró prescripta la causa administrativa y ordenó el archivo definitivo del expediente.
Los reclamantes están representados por Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, quien confirmó a El Sol que continuarán con el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Según explicó, cuentan con un plazo de 30 días a partir de este jueves para realizar la presentación judicial.
Los dos argumentos del Gobierno para rechazar el reclamo
El Ejecutivo provincial fundamentó su decisión en dos cuestiones: el vencimiento de los plazos legales para continuar con el procedimiento administrativo y la existencia de un antecedente judicial firme sobre el alcance de la cláusula salarial.
En primer lugar, el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026 determinó que habían transcurrido más de dos años entre el último trámite útil del expediente y la posterior presentación de los interesados.
De acuerdo con la interpretación oficial, ese período superó el plazo de prescripción bienal establecido por la normativa provincial. Por ese motivo, el Gobierno consideró que correspondía declarar prescripta la causa y disponer su archivo.
El segundo argumento está relacionado con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en una demanda de características idénticas contra el Estado provincial.
Según la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, el máximo tribunal provincial estableció que la “Cláusula C” no genera un derecho automático al cobro de reajustes salariales o diferencias retroactivas, sino que constituye una pauta de negociación que debe abordarse en el ámbito paritario.
La resolución judicial quedó firme después de que fuera denegado el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué es la Cláusula C
La denominada “Cláusula C”, también conocida como cláusula de enganche, fue incorporada al acuerdo paritario de 2013 con el objetivo de reducir las diferencias salariales entre los distintos sectores del Poder Judicial.
El mecanismo buscaba evitar que los incrementos otorgados a los funcionarios judiciales quedaran considerablemente por detrás de los aumentos percibidos por los magistrados, cuyas remuneraciones se encuentran vinculadas con parámetros salariales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sobre esa base, los 32 agentes reclamaron el reconocimiento y pago retroactivo de las diferencias que, según su interpretación, surgían de la aplicación de la cláusula.
Sin embargo, el Ejecutivo adoptó el criterio establecido por la Suprema Corte provincial, según el cual el acuerdo no reconoce por sí mismo un derecho individual a percibir esos montos, sino que fija una pauta para las negociaciones salariales.
Con la publicación del decreto, quedó cerrada la instancia administrativa. No obstante, los trabajadores anticiparon que recurrirán a la Justicia para continuar con su planteo.