La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este martes el proyecto de reforma del nuevo Régimen Penal Juvenil para Mendoza. La ley nacional que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre y regirá para los adolescentes que cometan delitos en la provincia.
“Desde los 14 se va a trabajar de la misma manera que con los de 16“, sostuvo Rus, y agregó que ya con la intervención de la Policía “un joven que es aprehendido será inmediatamente trasladado a la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes de Mendoza (Upana, la ex Comisaría del Menor) para su identificación en el menor tiempo posible“.
En Seguridad, estiman que entre el 8 y 10% de los jóvenes entre 14 y 16 años en conflicto con la ley van a resultar con penas privativas de su libertad, lo que supondría un incremento en la población penal juvenil.
La funcionaria garantizó que esta nueva franja que se sumaría estará separada en sus condiciones de encierro de los mayores de 16 a 18. Aunque también resaltó que aquellos que tienen una pena privativa de la libertad, son los menos en el grueso de la población de chicos que han cometido delitos graves.
Según los datos que registran, los menores que ahora pasan a ser imputables participan del 9% de robos y del 22% de lesiones, por lo que en el Ejecutivo desestiman una sobrepoblación por delitos violentos.
“No hay delitos graves y violentos. No hay homicidios. El año pasado solo hubo uno que tiene que ver con un contexto familiar. No hay incidencias de jóvenes en delitos graves“, aclaró.
Actualmente, hay poco más de 500 jóvenes en el circuito de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, más conocido como ex Cose. De estos, 46 (9%) tuvieron una pena que los privó de su libertad, durante el año pasado. “El involucramiento de los jóvenes no ha tenido que ver con hechos graves“, matizó, pero distinguió que sí participan de robos y de hurtos.
Por ende, la ministra sostuvo que la gran mayoría tendrá penas alternativas y que la prisión será la última puerta que se cierre.
En las carteras de Seguridad y de Educación -que tiene bajo su órbita la Dirección- confían en que la infraestructura ya vigente servirá para contener el incremento de la población, aunque reconocieron que habrá que fortalecer los espacios.
El debate que viene
La ministra Rus estuvo acompañada por su par de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y la vicegobernadora Hebe Casado.
“La idea es que las penas tengan que ver justamente con la reinserción. El proyecto es propositivo con cortar el el circuito delictivo de este joven y a la vez reinsertarlo”, señaló.
Por lo pronto, el proyecto ingresó por el Senado y el Gobierno provincial tiene la premura de que empiece a discutirse desde este jueves en comisiones, porque la idea es que se apruebe lo más rápido posible en función de los plazos normativos nacionales. Para la discusión, se prevé la participación de especialistas en delincuencia juvenil.
“La idea es que si tiene que terminar sus estudios lo pueda terminar. Adoptar un oficio y generar una capacitación laboral son penas consagradas. La figura del supervisor tiene que hacer cumplir esa pena y si no lo hace habrá amenazas“, agregó.