La Justicia argentina avanzó este miércoles con un nuevo golpe patrimonial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordenó el embargo preventivo de una serie de propiedades clave de la exmandataria como parte de la ejecución de la sentencia en la causa Vialidad.
Esta medida cautelar, solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tiene como objetivo asegurar los bienes ante un eventual decomiso definitivo, en un caso donde los condenados deben responder solidariamente por un fraude al Estado estimado en 685.000 millones de pesos.
¿Qué propiedades fueron alcanzadas por el embargo?
El listado de inmuebles afectados por la decisión judicial es extenso e incluye tanto domicilios particulares como activos turísticos y comerciales. Entre los más destacados se encuentran:
- San José 1111 (CABA): el departamento donde la expresidenta cumple actualmente su prisión domiciliaria.
- Complejo Madero Center (CABA): se dispusieron embargos sobre un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con cocheras y baulera, propiedades históricamente vinculadas a alquileres con el empresario Cristóbal López.
- Propiedades en Santa Cruz: la medida alcanza al Hotel “La Aldea” en El Chaltén, además de diversas propiedades en El Calafate y Río Gallegos, incluyendo el chalet de la costanera en esta última ciudad.
El alcance de la medida judicial
Los magistrados aclararon que este embargo preventivo no implica una subasta inmediata ni altera la titularidad registral definitiva en este momento. La decisión busca garantizar que la jurisdicción conserve la “aptitud real” para ejecutar los bienes, evitando que sean transferidos, gravados o sustraídos mientras se dirime el proceso de decomiso ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión, se encuentra en una etapa de disputa patrimonial. Mientras la primera tanda de bienes solicitada por la fiscalía espera una definición final de la Corte, el TOF 2 avanza ahora sobre un segundo bloque de activos, que incluye también paquetes accionarios y divisas detectadas en cajas de seguridad de Florencia Kirchner.
El tribunal subrayó que la maniobra defraudadora comprobada en la obra pública generó “beneficios económicos directos” para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner, justificando así la necesidad de resguardar estos activos para futuras instancias de reparación al Estado.
Con información de Clarín y de Nación.