El Gobierno de Mendoza rechazó en forma definitiva el reclamo de las empresas de seguridad privada y ratificó la vigencia plena de la Ley 9578 y su decreto reglamentario. A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, la Provincia desestimó los pedidos de prórroga y flexibilidad que exigía la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones Cuyo (CAESIC).
Con esta medida, el Ejecutivo provincial confirmó que el plazo para que las empresas ajusten su funcionamiento a las nuevas exigencias legales está vencido. Si bien la autoridad de aplicación fiscalizará los casos con criterios de gradualidad según el nivel de avance de cada firma, el marco normativo no otorgará prórrogas generales.
Puntos clave de la resolución oficial
- Sin contratación bajo monotributo: la reglamentación exige el formulario 931 de AFIP y constancias de relación de dependencia para todos los vigiladores. Queda descartada cualquier figura de contratación autónoma o de monotributo colaborativo en el sector.
- Exigencia de título secundario: se mantiene la obligación de contar con el secundario completo para ejercer la actividad. Para quienes no terminaron los estudios, la Provincia aplicará convenios con la Dirección General de Escuelas (DGE) con el fin de facilitar la cursada mediante planes especiales.
- Límite a la seguridad interna: las empresas o entidades que organizan su propio servicio de vigilancia sin contratar a terceros podrán tener un tope de 30 vigiladores. Si superan esa cantidad, deberán contratar una empresa de seguridad privada habilitada.
- Respaldo judicial: la decisión del Ejecutivo coincide con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del 27 de febrero de 2026, que frenó la medida cautelar presentada por CAESIC y un grupo de firmas del sector para suspender la aplicación de la ley.
El decreto notifica además a las empresas que disponen de 30 días para recurrir a la vía judicial administrativa si buscan insistir con el reclamo.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad mantendrá los controles para garantizar el cumplimiento de las reglas operativas y laborales en toda la provincia.