El intento de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti de participar y votar a distancia en el Senado quedó truncado este jueves. Al reanudar la sesión que se encontraba en cuarto intermedio desde el pasado 19 de julio, el cuerpo decidió por votación a mano alzada girar su pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que en los hechos le impide emitir su voto de manera remota en la jornada. Sus compañeros de banca acompañaron la determinación.
Fernández Sagasti (Unión por la Patria) cursa la semana 32 de embarazo y cuenta con prescripción médica que le impide trasladarse largas distancias. En una situación similar se encuentra el senador catamarqueño Flavio Fama (UCR), quien fue intervenido quirúrgicamente de una rodilla y tampoco puede movilizarse hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había firmado decretos ad referéndum del cuerpo para autorizar a ambos senadores a intervenir con voz y voto de forma telemática desde sus provincias. Sin embargo, la resolución final dependía de la ratificación del recinto.
En el arranque de este jueves, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, formuló la propuesta de enviar ambas solicitudes a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis técnico y reglamentario. La moción fue aprobada de inmediato, sin debate previo y con el apoyo de las distintas bancadas, incluida la del kirchnerismo.
La votación a mano alzada
Con esta decisión, la senadora mendocino no podrá sumar su voto en la reanudación del tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa llega al recinto con modificaciones sustanciales respecto del texto original. El oficialismo debió retirar el polémico Capítulo III, que desregulaba la venta de tierras a extranjeros, tras perder apoyos clave en la oposición dialoguista en el marco de un fuerte rechazo social a la iniciativa oficialista.
Pese a esa retirada, el proyecto mantiene puntos de alta controversia. Por ejemplo los desalojos exprés. En la propuesta se establece la instauración del juicio sumarísimo ante usurpaciones u ocupaciones ilegales, fijando además un plazo estricto de 10 días hábiles para el desalojo de inmuebles en casos de morosidad en el pago de alquileres.
Por otro lado también aparecen cambios en el manejo del fuego. Se introducen cambios a la Ley de Manejo del Fuego -sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri a instancias del kirchnerismo- para eliminar las restricciones a la venta y cambio de uso de suelo en predios productivos o pastizales afectados por incendios.
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