La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado 15 de mayo en la localidad bonaerense de San Martín, sumó nuevos elementos que apuntan a una red de complicidades. Los investigadores policiales extendieron el foco de las sospechas más allá del único sospechoso arrestado, tras detectar inconsistencias graves en el análisis de las comunicaciones telefónicas y en los rastreos de las cámaras de seguridad.
En medio de la desesperación, la familia de la menor dirigió un mensaje directo al acusado para que rompa el silencio y aporte datos certeros sobre el paradero de la joven.
La causa judicial tiene como principal sospechoso a un empleado municipal de Tres de Febrero, identificado como Gustavo Alfonzo, quien permanece bajo arresto e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.
Los peritajes tecnológicos confirmaron que el hombre mantuvo un contacto fluido con la víctima a través de redes sociales antes de que se perdiera su rastro y que el teléfono de la menor registró actividad en las inmediaciones de su domicilio. A pesar de las pruebas científicas recolectadas por la fiscalía, el empleado estatal declaró ante las autoridades judiciales que solo conversó de manera virtual con la adolescente y negó rotundamente haber concretado un encuentro físico con ella.
La hipótesis de que el captor no actuó en soledad cobró fuerza para los pesquisas a partir del análisis detallado de los movimientos posteriores a la desaparición en el entorno del acusado. Los encargados de la seguridad analizan minuciosamente los registros fílmicos de la zona y los cruces de antenas de telefonía celular, los cuales sugieren que otras personas colaboraron en el ocultamiento de la menor o en el desvío de las pistas iniciales.
La sospecha de una estructura de encubrimiento familiar o de conocidos modificó la estrategia de los rastrillajes operativos, que ahora se concentran en puntos específicos del conurbano bonaerense de difícil acceso.
La súplica de la madre
El pedido desesperado del entorno familiar marcó la jornada en las puertas de los tribunales, donde los allegados a la víctima exigieron avances concretos en la causa y el fin del pacto de silencio de los sospechosos.
La mamá de la menor desaparecida, visiblemente afectada por el paso del tiempo, realizó una dolorosa interpelación pública al empleado municipal detenido para lograr destrabar la investigación. En sus declaraciones frente a los medios de comunicación, la mujer expresó con angustia: “Le pido que hable, que me diga dónde está mi hija; él sabe la verdad y tiene que decir qué hicieron con ella”.
Los equipos tácticos de la policía y los perros adiestrados en la búsqueda de personas contrarreloj continúan desplegados en diversos predios baldíos y viviendas vinculadas al imputado sin obtener resultados positivos hasta el momento.
La fiscalía mantiene bajo estricto secreto de sumario las próximas medidas de prueba, orientadas a identificar de forma fehaciente a los presuntos colaboradores que ayudaron al sospechoso.
La comunidad local y las organizaciones sociales programaron nuevas movilizaciones en el espacio público para visibilizar el caso y presionar por el rápido esclarecimiento de la desaparición de la menor.
Con información de Infobae y de La Nación.