El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial, puso fin a una disputa administrativa con una empresa que se encargó de realizar reparaciones clave en el Teatro Griego Frank Romero Day de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.
El origen del conflicto
La constructora había interpuesto un recurso jerárquico contra el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El reclamo se centraba en el pago de intereses por mora sobre una suma de $18.162.539, correspondiente a trabajos de “máxima urgencia” que no habían sido cubiertos por el contrato original debido a que se había alcanzado el 100% del monto adjudicado.
Según la empresa, la administración incurrió en mora el 1 de noviembre de 2023. Sin embargo, el Ejecutivo provincial sostuvo una postura diferente basada en los plazos técnicos y legales del sistema de “legítimo abono”.
Los argumentos del Gobierno
La resolución oficial se basó en dos puntos fundamentales que terminaron por desestimar el pedido de la contratista:
- Plazos de pago: el Ministerio argumentó que el reconocimiento formal de la deuda se produjo el 28 de febrero de 2024. Al sumarle los 30 días corridos que establece la normativa (Decreto 1000/15), el vencimiento operaba a finales de marzo. Como el pago se efectuó el 6 de marzo de 2024, se consideró que fue realizado dentro de los términos legales.
- La “cláusula del silencio”: un detalle jurídico crucial fue la aplicación del Artículo 899 del Código Civil y Comercial de la Nación. El Gobierno subrayó que la empresa recibió el pago del capital principal sin realizar ninguna reserva técnica sobre los intereses en ese momento. Al no dejar constancia de que aún se debían accesorios (intereses), la ley presume que estos quedan extinguidos.
“Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, sin los accesorios del crédito, y no se hace reserva, éstos quedan extinguidos“, cita el texto oficial.
Vía administrativa agotada
Con la firma del Gobernador, el decreto rechaza el recurso en su aspecto sustancial y confirma las resoluciones previas que negaban el pago extra.
De esta manera, la provincia da por cerrada la instancia administrativa. Si la empresa decide continuar con el reclamo, deberá iniciar una acción procesal administrativa en el ámbito judicial dentro de los próximos 30 días.