La Suprema Corte de Justicia de Mendoza aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto judicial 2026, cuyo monto suele representar entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del total de la pauta de gastos provincial. Sin embargo, la decisión no fue unánime: entre las firmas, sobresale la disidencia de José Valerio, quien cuestionó duramente la metodología en que se elaboró el instrumento financiero.
Valerio compartió la remisión de la Acordada en lo formal, pero dejó en claro que no estuvo de acuerdo con la manera en que se llegó a estos números.
El hecho se encuadra en una fuerte interna que se da en el seno de la Corte y que mostrará su punto más álgido en un par de meses, cuando se elijan nuevas autoridades del máximo tribunal local. En principio, Valerio aparece como uno de los interesados en quedarse con la presidencia y, de esa manera, con la conducción de la justicia mendocina.
En su voto escribió: “Disiento en la forma en la que se confecciona el presente proyecto, toda vez que se confunden los roles” entre los ministros y los organismos administrativos.
Para el juez, abiertamente enfrentado con el presidente actual de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y con el gobernador, Alfredo Cornejo, el presupuesto fue redactado sin tener en cuenta cuáles serán las políticas a aplicar por los tribunales el año que viene, sino que se redujo a un mero acto administrativo.
En su postura, planteó que “debe ser la política pública judicial diseñada por la Suprema Corte la que fije las directrices de administración, asignación previa y planificación del presupuesto de gastos”.
En cambio, remarcó, fueron los organismos administrativos los que establecieron las reglas de juego para la pauta de gastos, y lo explicó de la siguiente manera: “Coloca a los jueces de la Suprema Corte como el predicado de las decisiones, cuando deberíamos ser los sujetos esenciales”.
De los siete ministros de la Corte, Valerio fue el único que hizo observaciones.
El proyecto 2026 contempla una partida de casi 12 mil millones de pesos para funcionamiento, inversión mínima y la obra del Polo Judicial de Tunuyán. Se trata de un 24 por ciento más que lo solicitado para este año, y deja afuera los gastos de personal, que se llevan un 90 por ciento del total del presupuesto.
Nuevos cargos para el 2026
El proyecto incluyó la creación de 188 cargos. Y allí también se notó cuáles son las prioridades de cada uno de los integrantes de la Corte:
- 49 para el Fuero de Familia (a cargo de Teresa Day).
- 27 para el Fuero Laboral (a cargo de Dalmiro Garay y Mario Adaro).
- 25 para el Fuero Penal y 6 para el Fuero Contravencional (ambos bajo la órbita de Valerio).
Lo que no está claro es si la demanda de personal que aparece en el presupuesto judicial contempla la reforma del Código Procesal Penal impulsó el Ejecutivo, que exige más audiencias, trabajo vespertino y juzgados de Flagrancia activos a toda hora.