Buscado o no, o por el mero hecho de estar trepando otra vez al tope de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, el debate por la inseguridad ha inaugurado el nuevo período electoral que se ha abierto prematuramente para Mendoza en este 2025. Lo que supone un jugar con fuego demasiado peligroso y romper con una costumbre de la política de los últimos tiempos de no someter el sensible y espinoso asunto a la discusión pública electoral, en donde todo escala a niveles de delirio, de vulgaridad, extravagancia y por sobre todo al campo absoluto de la irresponsabilidad, lejos del análisis de fondo que el tema merece.
El histórico y viejo enfrentamiento que tiene como protagonista a la dupla de los hermanos Omar y Emir Félix –líderes indiscutidos del peronismo del sur, los que lograron desarrollar una hegemonía política poderosa y casi indestructible en uno de los departamentos más relevantes de la provincia, San Rafael–, con Alfredo Cornejo –el gobernador e ideólogo indiscutido de la estrategia más ganadora y exitosa alcanzada por el radicalismo mendocino en la lucha por el poder en los últimos 40 años–, ha resuelto, y quizás acordado implícitamente, reeditar las viejas/constantes luchas, ahora con la inseguridad como bandera.
Tanto los Félix como Cornejo deslizan y dan señales comunes de marchar incómodos activando como disparador de la lucha a la inseguridad, un problema de altísima sensibilidad para las personas. No habría por qué poner en duda la molestia que demuestran sentir en la intimidad. Pero esa llaga estimulada para la batalla, la de la inseguridad en general acompañada de una sensación permanente que amenaza con hacer explotar todo a cada paso e instante –como tantas otras preocupaciones también de fondo entre las que se cuenta la inflación, el desempleo y el declive económico–, no es más que la materia prima del oficio que practican estos rivales, el de la política por vocación, y del que dan muestra de contar con el expertise suficiente para gestionarla. ¿O acaso el fin último de la política no es aquello de resolver los problemas sociales teniendo como meta el objetivo común?
La multiplicación de puestos de venta de droga camuflados detrás de la fachada de comercios en apariencia convencionales e inofensivos; las denuncias, también en aumento, de jóvenes arrepentidos que habiendo sido parte del sistema de distribución de la droga y por incumplir con las exigencias a los que los someten, ahora aseguran estar sufriendo extorsiones y amenazas de muertes por parte de quienes los reclutaron como “soldaditos” y ciertos indicios de la participación de algunos efectivos de la policía protegiendo a las bandas narco que en San Rafael adjudican su organización a colombianos, conforman el menú de hechos que tomó Omar Félix, el intendente, para golpear al gobierno de Cornejo: primero en su discurso anual ante el Concejo Deliberante y luego en una conferencia de prensa en donde amplió sus dichos y quejas. “No pueden con el narcotráfico en el Gran Mendoza y encima las bandas que corren de Godoy Cruz o Las Heras han llegado a todo el sur”, dicen en el gobierno sanrafaelino.
Por supuesto que el clásico duelo entre los históricos capataces peronistas del sur y el factótum del triunfo y permanencia en el poder de Cambia Mendoza desde el 2015 en adelante, se fue evidenciando tras la derrota del radical Ernesto Sanz en manos de Omar Félix, en el 2003. Sanz había logrado romper con una larga tradición de gobiernos peronistas de los años 90 y teniendo como abanderado a Vicente Chicho Russo con sus tres intendencias. Sanz no logró la reelección y desde ese año los hermanos Félix se han venido alternando y turnando en el control del poder del gobierno municipal.
En todo este tiempo, el oficialismo provincial ha buscado, como se ha visto, seducir a los sureños con su modelo de gestión provincial basado, desde sus orígenes allá por el 2016, en el orden administrativo, en el control y reducción del gasto y en la austeridad en términos generales. Tras las dos malas gestiones del peronismo que fueron desde el 2007 al 2015 con Celso Jaque y Francisco Pérez, la crítica y dura realidad ordenaba a una intervención profunda en la administración del Estado.
El esquema impuesto y aplicado en la provincia no le alcanzó a los radicales y sus socios para hacer base en San Rafael. Está claro que la mayoría de los sanrafaelinos bendijo y lo sigue haciendo, clara e inequívocamente, la gestión de los Félix por más de veinte años a esta parte. Y con el paso de los años, en particular en los momentos de elecciones, se ha evidenciado el mismo revuelo de acusaciones cruzadas y disputas.
La tensión en la relación provincia-municipio ha sido permanente, aunque a veces haya estado en reposo. Los temas que han alimentado esa vocinglería de dardos envenenados son múltiples: desde el límite impuesto a las reelecciones indefinidas de los intendentes que buscó Cornejo afectando a los caciques del peronismo especialmente; pasando por los diferentes puntos de vista en la gestión de las políticas públicas en salud; por la infraestructura y obras en general; por la distribución de recursos coparticipables; por el financiamiento nacional de ciertas obras; la política de adelantos del tesoro nacional y por los fondos provinciales y claro esto último: la seguridad, o el debate por el control de la calle por la vía de los preventores municipales, todo incluido en un paquete de leyes que ha venido impulsando Mercedes Rus, la ministra del área, de los tiempos en lo que se desempeñó como legisladora. Un grupo voluminoso de normas, casi una treintena, que Rus ha venido profundizando aguijoneada por el propio gobernador que asume las cuestiones de seguridad al nivel de la obsesión, como si supiera –y en verdad lo sabe–, que cualquier hecho violento provocado por la criminalidad no sólo puede generar un estado de conmoción brutal en una determinada comunidad, sino también al punto de variar el curso por donde se cree discurre el poder y en manos de quién lo hace.
Los Félix se han resistido a asumir las tareas de seguridad con personal propio porque entienden que le corresponde a la jurisdicción provincial y que los municipios se tienen que concentrar en otras obligaciones. Abonando esa mirada, dicen también que no es lo mismo poner en funcionamiento un grupo de preventores, armados con Taser si se quiere, en Ciudad o en Godoy Cruz que en San Rafael en donde cuentan con 40 centros urbanos, todos alejados entre sí y con realidades y características disímiles.
“Necesitaríamos 800 preventores, con armas no letales, arriesgando su vida sin la capacidad que tiene la policía para hacerlo. Quieren que los nombremos, los pongamos a trabajar y sin la transferencia de recursos que se necesitan”, completan la queja.
Al debate han ingresado recientemente otros dos intendentes radicales: Alejandro Jani Molero de Alvear y Diego Costarelli de Godoy Cruz. Molero optó por el ponzoñoso asunto del gasoducto del sur que comparte en un porcentaje minoritario con San Rafael. La obra hace tiempo que debió finalizarse con fondos nacionales demorados por la gestión de Alberto Fernández y que directamente congeló la de Javier Milei. “He gestionado que la provincia aporte los recursos para terminarla”, dijo Molero recibiendo una inmediata respuesta de Emir Félix, el presidente provincial del peronismo: en buenahora le retrucó el hermano del intendente, agregando el convencimiento personal de que Molero quiere sacar alguna ventaja política del tema porque se podría haber ocupado antes, amplió Félix, cuando el gobierno de Milei suspendió el envío de fondos.
Costarelli, por su lado, hizo su aporte el viernes cuando manifestó su oposición a la negativa de Félix a poner en funcionamiento los preventores. Para Costarelli inseguridad es un reclamo social para todos, incluyendo los intendentes. Y dijo que no lo pueden ignorar. Y como ejemplo de su compromiso, contó que con la policía “que pago yo como intendente de Godoy Cruz” –así lo dijo–, se logró la detención de 15 delincuentes que tenían pedido de captura en su territorio. No conforme con eso, provocó a la Justicia Federal pidiéndole más celeridad en las causas “porque tengo la capacidad suficiente de derrumbar un quisco de droga cada diez o quince días y no lo puedo hacer” sin su intervención.
La disputa pública entre los enemigos políticos irá escalando hasta la fecha de las elecciones de medio término, claramente. No será como le gusta reclamar a Cornejo, una conversación entre todos los actores sociales y políticos. Por el contrario, no hay que entusiasmarse demasiado con el nivel de alharaca. Porque el fondo de las cosas, para abordarse con seriedad y darle garantía a la posible resolución de los problemas, tiene que llevarse adelante desprovista de intereses particulares, sectoriales, electorales y mezquinos y éste no parece ser el momento. Y no lo será nunca mientras se sigua votando cada dos años. Con lo que quizás llegó el momento de tomar una decisión de reformar el sistema y unificar todas las elecciones cada cuatro años. Quizás así podrían quedar casi tres años disponibles para que la política no tenga excusas y vaya al fondo de todas las cosas.