Mientras el Gobierno desestima los cuestionamientos de la oposición por la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la Corte Suprema se reunirá este jueves en su habitual plenario y podría decidir si les toma juramento, un paso que la Casa Rosada espera con ansiedad.
A través de canales informales, el Ejecutivo le transmitió al tribunal su expectativa de que la ceremonia se realice antes del sábado, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Sin embargo, el máximo tribunal tiene varias opciones: aceptar la solicitud, rechazarla o dilatar la decisión.
La situación se complejiza tras la decisión unánime de la Cámara Federal de concederle a Lijo una licencia extraordinaria sin goce de sueldo para asumir como ministro de la Corte.
En la resolución firmada por Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, el tribunal optó por resolver el pedido sin enviarlo a la Corte, limitándose a notificarla. Esto implica que el máximo tribunal solo podría pronunciarse si decide abrir el caso y cuestionar la medida.
¿Habrá definición en la Corte?
En el plenario de este jueves, la postura de Ricardo Lorenzetti ya es conocida: respalda las designaciones de Lijo y García Mansilla. La incógnita recae sobre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Si no hay pronunciamiento y la jura se posterga, el país podría encaminarse a una crisis institucional.
Dentro del Gobierno hay dos posturas: un sector duro que exige la ejecución inmediata del decreto y otro más negociador que busca evitar un conflicto de poderes entre Milei y Rosatti. En este contexto, trascendió que el presidente evalúa tomarles juramento directamente si la Corte no lo hace, aunque este escenario genera dudas legales, ya que el artículo 112 de la Constitución establece que solo el titular del tribunal puede formalizar la asunción.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no descartó esa posibilidad y señaló en declaraciones televisivas que “el juramento puede ser ante la Corte, el Presidente o la Cámara de Casación”. Sin embargo, este punto sigue siendo objeto de debate.
Presentaciones y resistencia
Mientras la Corte analiza su postura, ya se han presentado numerosas impugnaciones. La ONG Red de Mujeres para la Justicia, integrada por juezas de todo el país, solicitó la intervención directa del máximo tribunal mediante un per saltum. Además, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, emitió una declaración institucional en contra de las designaciones.
El conflicto surgió apenas días después de que la Corte quedara en el centro de la polémica por el fallo Levinas, que amplió las facultades del tribunal porteño y desató una reacción unánime en las cámaras nacionales.
Ahora, la Corte vuelve a estar en el ojo de la tormenta, con una decisión que podría marcar un silencio en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.