El régimen de Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera de Venezuela con Colombia, horas antes de que asuma un nuevo mandato al frente del país, tras las elecciones irregulares del pasado 28 de julio.

“Tenemos información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos”, afirmó Bernal. El bloqueo fronterizo, que se mantendrá hasta el lunes 13 de enero afecta directamente a ganaderos, empresarios y ciudadanos que dependen del comercio y el tránsito en la zona para sus actividades diarias.

Además, se suspendieron los vuelos entre ambos países durante el mismo período, exacerbando las restricciones.

Desde Colombia, el gobierno de Gustavo Petro expresó su rechazo a las acciones de Maduro a través de un comunicado oficial de la Cancillería. En él, se denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela y se exige al régimen chavista que respete los derechos fundamentales y la oposición política.

La declaración se apoya en informes recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documentan detenciones arbitrarias y hostigamiento a líderes opositores, como Carlos Correa, Enrique Márquez y María Corina Machado. .

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también anunció que no asistirá a la investidura presidencial venezolana, argumentando que los cómicos de julio pasado carecieron de transparencia. “No se puede hablar de elecciones libres”, aseguró Petro, reforzando su postura crítica ante las acciones del régimen.

El cierre fronterizo se da en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, marcadas por denuncias mutuas y actividades delictivas en la zona limítrofe. Bernal señaló que Táchira ha sido “asediado durante años por bandas paramilitares colombianas”, utilizando este argumento como parte de la narrativa oficial para justificar las medidas.