Rodolfo Suarez.
Rodolfo Suarez.

Siguiendo con la política que implementa todos los años Rodolfo Suarez, el gobierno de la provincia oficializó el decreto N°3 -del Ministerio de Hacienda- mediante el cual se apunta a “adoptar medidas para hacer eficiente el uso de los fondos públicos”.

Es por eso que se prohibieron las nuevas contrataciones de personal, ajustes de situación de revistas y el otorgamiento de nuevos adicionales, entre otras cosas.

La normativa deja como excepción a las altas de personal que provengan exclusivamente por reemplazos de personal docente en la Dirección General de Escuelas, incrementos que vengan de acuerdos paritarios y los cargos ganados por concurso.

Además, se dispone que en el ámbito de la administración central solo podrán tener celulares oficiales el gobernador, los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, los subsecretarios y directores.

“En la medida que existan razones debidamente justificadas de servicio, dentro de cada Jurisdicción, el/la Ministro/a o Secretario/a del Poder Ejecutivo podrá autorizar a otras personas a tener celulares oficiales”, señala la normativa.

Además, aclara que quienes actualmente tengan celulares y no tengan la mencionada autorización para su tenencia, tendrán un plazo de 30 días hábiles para reintegrar los equipos. En este caso quedan exceptuadas las fuerzas de seguridad de la provincia.

También se ordena a los directores generales que realicen todos los “actos útiles”- antes del 30 de marzo- a fin de que los agentes que estén en condiciones de acceder a la jubilación inicien con la debida anticipación los trámites jubilatorios correspondientes y a los que ya cumplieron con dicha condición se haga efectiva a la mayor brevedad posible la correspondiente jubilación.

Por otra parte, cada contratación de bienes de capital, que supere $1.300.000 en los organismos de la administración central, deberá previamente tener la autorización del gobernador y la aprobación del Ministerio de Hacienda.

El decreto, firmado por el vicegobernador Mario Abed, invita al Poder Legislativo, Judicial y a los municipios a tomar medidas similares.