Un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Riesgos de Trabajo genera preocupación en el mundo empresario. Tiene que ver la cantidad de expedientes que hay en el máximo tribunal contra la instancia administrativa previa obligatoria en los reclamos por accidentes laborales.
Ese mecanismo fue adoptado por muchas provincias y generó una baja significativa de los juicios. Sin embargo, muchos tribunales del trabajo consideraron que la norma es inconstitucional razón por la cual era necesario que la Corte estableciera con claridad un criterio, pero los jueces no logran una mayoría para definir el tema.
La ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo, fue sancionada en 2017, impulsada por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y el sector empresarial. Estableció una instancia administrativa previa obligatoria en los reclamos por accidentes de trabajo.
La norma faculta a las comisiones médicas para entender, en forma previa, obligatoria y excluyente de cualquier otra intervención, en la determinación del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, de la incapacidad del trabajador y de las prestaciones dinerarias.
En septiembre de 2021, el máximo tribunal dictó el fallo “Pogonza” que indicó la constitucionalidad de la ley, con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
“Resulta acorde a las características de la materia regulada, y a los objetivos públicos definidos por el mencionado régimen legal, la disposición en la esfera de la administración del Estado de un mecanismo institucional de respuesta ágil, organizado en base a parámetros estandarizados, que procure asegurar el acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evite el costo y el tiempo del litigio”, afirmó la Corte.
Pero la renuncia de Highton hizo que la cuestión volviera a fojas cero, sobre todo porque las Cámaras del Trabajo siguen insistiendo con la inconstitucionalidad de la norma y esos expedientes llegan en forma masiva al tribunal. Se estima que en este momento hay más de 200 causas.
Sin embargo, los jueces no logran conseguir una mayoría para darle la certeza y seguridad jurídica necesarias. Actualmente, solo hay dos votos, de Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
En tanto, el juez Horacio Rosatti se expresó en distintos escritos y conferencias sobre la inconstitucionalidad de esa ley. Considera que las comisiones médicas terminan decidiendo el juicio y por eso ejercen funciones que corresponden a los jueces, y que la norma invade las facultades de las provincias.
En el caso del ministro Ricardo Lorenzetti, se desconoce cuál es su opinión y por qué no votó en el caso “Pogonza”. En el mundo laboral esto tiene una gran trascendencia, como también impacto en el sector empresarial, que considera la cuestión como “muy grave”.