La pulseada entre las provincias y la Nación tiene un apartado especial respecto de los subsidios al transporte público. Se trata de una esfera muy sensible para los ciudadanos puesto que es un servicio que conecta y permite al trabajador asistir a su empleo; al docente, llegar a la escuela y al estudiante, al aula; que deja a los papás en la puerta del hospital con su hijo. Por ende, necesita prestarse con la mayor eficiencia. Esto significa que las unidades arriben a horario y que estén en condiciones para viajar. Todo parece muy simple, pero, a su vez, el sistema está sustentado, en gran medida, por una ingeniería de recursos que provienen del Estado, en parte de la Provincia, en parte de la Nación. El resto depende del boleto que pagamos.
Este tira y afloja muestra el desequilibrio que hay entre unas provincias y otras. Mendoza paga el “impuesto” de no ser del palo político, lo que implica, a su vez, que los subsidios para los colectivos no sólo lleguen con cierta demora, sino también que sean menores que los acordados entre ambas partes. Y esto pasa cuando los precios de los recursos necesarios para movilizar los micros aumentan considerablemente, como los repuestos, que son traídos del exterior y se consiguen a valor dólar. O el combustible.
Entonces, cuando esta ayuda llega tarde, ya está sobrepasada por el ritmo inflacionario. No alcanza.
La discusión es más profunda en cuanto a lo que se debe subsidiar y al equilibrio en el reparto de esta formidable torta. No es una cuestión de justicia, sino de cierta arbitrariedad política. Eso sí, Mendoza pierde por partida doble.