En tiempos de crisis es cuando se vislumbran qué Estados han hecho bien los deberes y tienen sus cuentas ordenadas o, por el contrario, quienes han gastado mal y necesitan la asistencia externa para cubrirse las espaldas. Y estos momentos de recesión, combinados con la necesidad política de ganar una elección, no son los mejores para aquellos que, precisamente, han descuidado el equilibrio de las cuentas públicas que hacen al funcionamiento de la educación, la salud y la seguridad, como las tareas básicas en un gobierno.
Es evidente que el nuevo programa de ayuda financiera para las provincias profundiza el reparto inequitativo en función de las urgencias electorales, pero también de jurisdicciones que han alimentado sus aparatos estatales sin crear otro tipo de riqueza. Por eso, surge una doble discriminación donde se termina premiando siempre a los que han manejado mal las finanzas públicas, que son las de todos los ciudadanos.
Por eso, convendrá ser desprolijo en materia financiera porque, de esa manera, vendrá la ayuda de “papá Estado”, que se acrecentará si el signo político es el mismo tanto en la Nación como en las provincias. No hay premio ni beneficio para el que rinde bien. La cuerda siempre se tensa de esta manera en el reparto discrecional de los recursos. En el fondo, es como esos planes de financiamiento para morosos, donde se da una quita a los que no cumplieron en tiempo y forma, pero no se estimula a los que están al día con sus aportes. Un despropósito que no beneficia a nadie.