La situación del avión iraní que la Justicia argentina retuvo en nuestro país por las serias dudas que desencadenó el curso de la aeronave ha vuelto ha mostrar cómo las autoridades nacionales están marcadas por sus propias contradicciones. Ahora ocurre con el embajador en Venezuela, que se encolumna detrás de algunos referentes del chavismo, quienes reclamaron la devolución a pesar de la instrucción judicial y el cruce de informaciones con organismos de otros países. No es meramente una cuestión de soberanía, como reclaman desde el régimen de Nicolás Maduro. Todo este conflicto de gravedad internacional tiene que ver con el accionar de grupos vinculados con el terrorismo y el bagaje doloroso de dos atentados sin que los autores intelectuales hayan sido juzgados y condenados. Para eso es la instrucción: para determinar si hay delito y si existen conexiones reales con estas organizaciones.
A la vez, la situación del avión y sus tripulantes deja en evidencia las posturas de los representantes en el exterior porque no es la primera vez que, ante situaciones vinculadas con países denunciados por violaciones a los derechos humanos, los funcionarios de la Cancillería hacen la vista gorda o adoptan posturas que están históricamente lejanas de la posición nacional. Pesan las alianzas pasadas, así como también los avales desde la Casa Rosada a esas expresiones.