La relación Nación-provincias es una historia de desigualdades. Estas inequidades no son actuales y no ha habido gestión que las haya podido superar, sino, por el contrario, se han extendido sin importancia del signo político, profundizando las diferencias entre las economías del puerto y las del interior. Lo que prima es la arbitrariedad en las relaciones, las compensaciones que no equilibran la balanza, el lobby de los gobiernos más cercanos a la Casa Rosada, todo menos una nueva discusión sobre una mesa de negociación que permita barajar y dar de nuevo.
Es lo que ocurre con los subsidios al transporte público. La mayor parte de la torta está destinada al corazón del AMBA, la zona metropolitana que conforman la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia, porque ahí es donde reside la mayor cantidad de votantes que define una elección. Para el resto de las jurisdicciones, lo que queda es mucho menor y se necesitan buenas espaldas financieras en cada repartición para complementar la asistencia que puede dar el Estado a la tarifa del boleto. Sucede en Mendoza, producto de estas diferencias en el trato.
Pero con una reunión del Consejo Federal por el tema del transporte, las provincias quieren presionar por cambios. En rigor, con documentos, simplemente, no se cambian las cosas, sino con proyectos consistentes y un acuerdo generalizado que reparta mejor la torta. Se puede presionar a través de los legisladores nacionales, pero, sin la base del consenso, no se podrá salir de la queja permanente.