Parece un signo de la política lograr beneficios para la propia clase política. El kirchnerismo, en este caso, ha realizado una jugada importante que puede terminar beneficiando a ex funcionarios de gobiernos anteriores que están acusados en causas por corrupción al activar seis artículos del Código Procesal Penal.
De entrada, la movida ha generado polémica entre los especialistas en derecho, así como el rechazo de la oposición. El punto central es que no sólo los plazos para las causas por corrupción en el Estado se alargarán más de lo que usualmente se extienden, sino que además ahora se tendrá que esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia para determinar si un funcionario pueda ir preso. Hay casos paradigmáticos en nuestra historia, como la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero que ya lleva 25 años sin juicio a los ex funcionarios denunciados.
En el fondo, el movimiento puede interpretarse como una señal para lograr impunidad, sobre todo porque también se establece que puede reabrirse una causa ya cerrada, si un organismo de orden internacional cuestiona el proceso. No es menor que en el último tiempo han habido pronunciamientos, tanto desde la presidencia de la nación como desde presos detenidos en causas resonantes, que antes eran funcionarios de la primera plana del kirchnerismo, sobre la necesidad de torcer el destino judicial que los involucra.
Las causas por corrupción son cuestiones sensibles para el poder, quien sea que lo detente. Pero también para los ciudadanos, porque observan cómo la clase política se blinda.