Febrero empezó con dos aumentos más, que hacen aún más difícil el costo de la vida para los mendocinos. A un nuevo incremento de los combustibles –el cuarto en lo que va del año recién iniciado– se suma otro en un impuesto local: Automotor.
Las boletas del gravamen a las patentes llegaron con subas que superaban en algunos casos el 50%, es decir, aún más que la inflación registrada al final del 2020, de 36%. El año pasado, la cuarentena paralizó la actividad económica y, en consecuencia, se vio afectada la recaudación. De hecho, los números muestran una caída en varios de los tributos que cobra el Estado provincial, menos en Automotor.
Las quejas se multiplicaron y, en algunos casos, con cierta razón, puesto que los argumentos apuntaban a que veníamos de un año en el que no se había podido producir, lo que impacta sensiblemente en los autónomos, por ejemplo. A la vez, se genera un círculo perverso, nada virtuoso, porque los contribuyentes ya especulan con no pagar –a pesar de ciertos beneficios– para lograr posteriormente una mora que reduzca considerablemente el valor de la tarifa. Así viene sucediendo desde hace años.
Pero, más allá de las razones contables que esgrima el Gobierno provincial, más allá de las mañas de los que tienen la obligación de pagar, en definitva, es un golpe al bolsillo que se añade a otras subas que se han autorizado en el último mes y que, a la par de la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, genera imprevisibilidad para los mendocinos.