Se hace bien al país cuando se dice la verdad sobre las cosas públicas, y no así cuando se callan esas verdades o se miente, porque amparan las malas costumbres y se vigorizan las acciones contra la vida republicana. Y mucho más daño hacen los que gobiernan olvidando los intereses del país. Si observamos nuestra historia, se advierte la falta de sanciones penales para los delincuentes políticos. Y podemos decir que eso casi ya se ha convertido en una norma aceptada por la conciencia nacional.
¿Hemos visto algún gobernante o legislador a quien la Justicia lo haya castigado, a pesar que han delinquido con los caudales públicos? ¿Eso no lleva a que la política se transforme en una profesión para los pillos? Ejemplo de eso lo tenemos en este nuevo período constitucional. Desde 1983, venimos gozando de libertades, y a pesar que nuestra economía viene creciendo, y disminuyendo el desempleo, no se ha visto sanción alguna a las autoridades y amigos del Gobierno, cuestionados por sus maniobras con el dinero público. ¿Qué hacer?
Solamente promover investigaciones, con jueces probos, para que sean castigados los que han delinquido con la cosa pública, para evitar su posible retorno al Gobierno y para que sirva de ejemplo para los que quieran lucrar desde el poder.