La institución nacional que debería ser la más cristalina del país hoy no cumple con eficacia su rol legal al denegar y/o rechazar reclamos administrativos de sus acreedores (jubilados), muchos de los cuales tienen su origen en sendas sentencias judiciales (en mi caso, desde 1992), obligando a estos a recurrir en gastos y esfuerzos denodados impropios para percibir lo que les corresponde y genera una nueva “industria del juicio” que abarrota los tribunales de la 1ª, 2ª y 3ª instancia, con gastos a cargo del Estado y sus responsables primarios y secundarios –Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Trabajo– no ignoran y su postergación in eternum conduce a la muerte prematura de los jubilados. Parafraseando a Martín Fierro, “tiene razón, pero marche preso”.