Desde 1994, cuando el entonces presidente Menem y Cavallo consumaron el delito más aberrante contra los jubilados, al promulgar una ley que confiscaba el derecho a la movilidad de sus haberes, establecido en el Art. 14 bis de nuestra Constitución, han pasado distinto gobiernos sin que hayan rectificado la tremenda injusticia cometida. Muchos han sido los reclamos realizados con distintas modalidades, como el de Norma Pla. Con el cambio producido en la Suprema Corte de Justicia de la nación se prendió una luz de esperanza, con algunos fallos importantes para la jurisprudencia de futuros juicios, pero que no terminan de solucionar el problema de fondo que es la movilidad de los haberes.
Tampoco, las recomendaciones realizadas por la corte al Congreso, para que apruebe una ley que derogue la actual, viciada de nulidad e inconstitucionalidad han sido escuchadas, especialmente por los legisladores oficialistas, ya que sí existen gestiones de la oposición, como Ernesto Sanz. A esta insensibilidad manifiesta del Gobierno y del Congreso, se suma otro condimento que me llena de preocupación como es el uso indebido de los fondos de la ANSES.
Ante esta situación, los jubilados no podemos permanecer tranquilos, a la espera de una solución mágica. Albergo la esperanza de encontrar el eco deseado en todos mis colegas jubilados, para que mi propuesta se haga realidad poniendo fin a esta injusticia y seamos capaces de establecer un hito en la historia como El grito de los jubilados.