La que suscribe es una humilde ciudadana a la cual le mataron un hijo el 13 de marzo del 2009, llamado Jorge Luciano Pizarro. El 11 de abril me enteré, por medio de los diarios, de que algunos abogados de Derechos Humanos acusaron al fiscal Javier Pascua ante el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alack, por homofóbico.
Quiero aclarar que si no fuera por la actuación del fiscal cuestionado, no hubiéramos podido obtener justicia por la muerte de mi hijo, que fue fusilado. Luciano tenía 18 años y el homicida tuvo una brillante defensa, a través del estudio jurídico de los Pérez Videla, quienes intentaron, en vano, una serie de argucias legales como tratar de echarle la culpa a un limpiavidrios.
Sola encaré todo el proceso, nadie nunca me escuchó, luchamos a brazo partido con mi abogado, Raúl Aranda, quien me patrocinó en los momentos difíciles. El autor tuvo prisión domiciliaria hasta el día del debate y, obviamente, todas sus garantías como imputado. El 12 de octubre del 2010 lo condenaron a 25 años; también logramos que les dieran compulsa a los cuatro testigos por falso testimonio y que, además, lo llevaran inmediatamente a prisión.
Luego, ante los desgraciados hechos de estos días en los que matan a mansalva a un conocido penalista del medio, el caso del hijo de Quiroga, etcétera, los políticos se llenan la boca hablando de reformas y siempre salen con las mismas soluciones. No puedo entender cómo, quienes representan, supuestamente, los Derechos Humanos, como abogados, escrachan a un fiscal que defiende en forma brillante los derechos de las víctimas, como Pascua.