No obstante existir fondos –70 mil millones de pesos– más que suficientes para paliar el hambre de los jubilados del país, aún los funcionarios nacionales dependientes de la Presidencia de la Nación y sus asesores parecieran padecer de miopía y una inocultable intencionalidad de que los abuelos y bisabuelos culminen sus últimos días sentados en las veredas pidiendo limosnas, “Dios se lo pague”, y durmiendo a la intemperie como los cartoneros, por carecer de vivienda digna para vivir con dignidad, en violación al artículo 14 bis de la Constitución.
Será que la burocracia estatal, asombrada por el extraordinario incremento de la recaudación provisional, está desorientada e ignora a más de 5.000.000 de acreedores al jubileo en lugar de obrar conforme a la lógica y ética administrativa, satisfaciendo la demanda de reclamos que abarrotan los centros de atención de los exhaustos ancianos (en sillas de rudas) y posteriormente los estrados judiciales (la industria del juicio), subsistiendo en aumentar el malestar de la sociedad con objetivos perversos.
El sistema de la seguridad social con sus correspondientes aportes fue instituido para que la 3º y 4º edad gozara y no sufriera. En el caso de sentencias judiciales, aún impagas, además de adjuntar las respectivas historias clínicas, faltan que decidan requerir el certificado de defunción y la documentación de la adquisición de la lápida con la fecha de fallecimiento. Si el riojano desea volver con el lema “indignidad y deslealtad”, debe ser porque la corrupción instalada por él todavía persiste.