El Estado argentino avanza en la colocación de directores en empresas privadas clave, en medio de la resistencia de algunas firmas y la mirada desconfiada de los hombres de negocios, aunque en un contexto global donde el rol del Estado en la economía ha cambiado radicalmente. Cuando en noviembre, el Gobierno de Cristina Fernández nacionalizó los millonarios fondos de jubilación administrados por firmas privadas e invertidos en diversos activos financieros, como acciones de empresas, prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas.
Pero desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que administra el sistema de jubilaciones, se ha presentado ante varias de las casi treinta empresas de las cuales ahora es accionista minoritario para hacer valer su derecho a voto en las asambleas societarias y, en algunos casos, reclamar sillas en los directorios.
En algunos ocasiones, el ingreso de un director en representación del Estado fue pactado en buenos términos con los accionistas mayoritarios, como en la filial del grupo español Gas Natural. En otros, el Gobierno tuvo que vencer ciertas reticencias, como ocurrió con la siderúrgica Siderar, del grupo italoargentino Techint. Pero en un par de empresas no pudo hacerse de silla propia frente a los argumentos legales esgrimidos por el accionista mayoritario sobre los límites de la Anses para ejercer el denominado “derecho de voto acumulativo”, alegando que este tiene un tope del 5 por ciento, aunque la participación accionarial sea mayor.
“Seguimos teniendo la mayoría accionarial y, por tanto, la mayoría en el directorio y en la toma de decisiones”, subrayaron a Efe fuentes en reserva de una de las diez compañías en las cuales el Estado ya colocó un director propio. En todos estos casos, el Estado es un accionista minoritario con voz y voto, pero sin poder de veto.