Lo que ha venido ocurriendo con el regreso a las clases presenciales, sobre todo por las dilaciones oficiales y los reparos gremiales, es un claro ejemplo de las trabas y los obstáculos que se ponen de un lado y del otro en contextos de crisis, mientras los chicos quedan en el medio. Nada menor: son quienes deben recibir la mayor atención para desarrollarse, con un futuro por delante por demás inquietante y en un mundo que demanda cada vez más herramientas educativas.
Esto es, por una parte, un Estado que no tomó nota a tiempo de la importancia de reestablecer el vínculo escolar y disponer de todas las medidas sanitarias, como ocurre en todo el mundo; por la otra, los gremios docentes que no dan muestras de buscar salidas superadoras y de tener mayor voluntad para que todo pueda ir volviendo a la “normalidad”.
El principal reclamo sindical es, justamente, la falta de certeza sobre las herramientas de bioseguridad que tendrán a mano cuando vuelvan a pisar los colegios, cuando en los sectores público y privado, los trabajadores cuentan con normas básicas de higiene y reglas claras que respetar para evitar los contagios. En otras palabras: todos han hecho esfuerzos para volver a las labores presenciales.
¿Por qué privar a los chicos de regresar a las aulas con los protocolos establecidos? De hecho, el retorno a las escuelas se plantea de manera paulatina, voluntaria y no masiva, por lo que se dan ciertas condiciones que permitirían que los educadores tengan la posibilidad de volver sin sobresaltos.
Por eso, en este contexto vale la pena poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado, en primer lugar, disponga con claridad y urgencia qué les ofrece a los maestros para su seguridad, y, en segundo lugar, que los educadores –o sus gremios– empaticen aún más con quienes tienen dificultades educativas y han quedado caídos del sistema. Necesitan volver.