El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza –que mandó a los jueces y fiscales a regularizar la situación de todos los presos sin condena– sigue generando polémica y malestar, especialmente en el Poder Ejecutivo, que enfrenta su primer conflicto institucional a 19 días de iniciar la gestión.

Después de la ola de críticas del oficialismo que recibieron los magistrados que firmaron la resolución, este lunes al mediodía el gobernador Alfredo Cornejo y su vice Laura Montero mantendrán un encuentro con el presidente del máximo tribunal, Pedro Llorente.

Después de las críticas, las autoridades del Ejecutivo irán en busca de la “armonía” y del “diálogo”. Uno de los planteos que realizarán, según adelantó Montero, es que pedirán “ser parte del hábeas corpus” para poder “mostrar las limitaciones y corregir los marcos normativos”.

“Queremos ser parte para modificar la parte, dentro del mismo expediente”, explicó la vicegobernadora. “No queremos arrancar mal, legalmente es un fallo que hay que rever para proveer mejores resultados y que haya buen entendimiento entre los tres poderes”, añadió.

Varios son los cuestionamientos que recibirá Llorente sobre la resolución por parte del Gobierno. Por un lado, el planteo gira en torno a que “no se puede hacer una resolución que contemple los aspectos solamente desde la perspectiva de la justicia”. “La seguridad está integrada por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema penitenciario”, insistió la vicegobernadora, quien desde hace tiempo trabaja en la creación de una comisión de enlace entre los tres poderes.

Sin embargo a pesar de buscar el diálogo y el entendimiento entre los poderes, la ex senadora nacional reiteró que se trata de un “fallo imprudente que no fija el efecto que causa sobre los otros poderes”. En ese sentido disparó nuevamente contra los magistrados que firmaron la resolución y se quejó porque para cumplir su propia sentencia necesitan dinero y se da en medio de la crisis financiera que atraviesa la provincia.

“Lo que no han hecho en todos estos años pretenden hacerlo en 60 días. No entienden que la Provincia está en crisis financiera, no se puede hacer un fallo aislado”, expresó.

Por otra parte, la compañera de Cornejo reiteró que el fallo va en contra de las acordadas del procurador, Rodolfo González, por lo que nuevamente dejó entrever que el fallo en cuestión responde a problemas internos del Poder Judicial.

La resolución de la Corte responde a un planteo que realió Xumek,  una ONG especializada en derechos humanos, que fue presentado por los abogados Diego Lavado y Pablo Salinas. El malestar se generó porque ordena un plazo de 24 horas para que fiscales y jueces definan la situación procesal de los nuevos detenidos. Este fallo “entorpece la seguridad” y quienes cometan delitos estarán libres en 24 horas”, dijo este sábado el mandatario.

Ante esas declaraciones, el máximo tribunal respondió y argumentó su decisión: “La sentencia no ha venido a abolir alguna norma constitucional, penal, procesal o de seguridad. No ordena la libertad  de personas detenidas con condena firme o con prisión preventiva dictada por juez competente, ni personas detenidas por orden de detención del Ministerio Público Fiscal. Sino que tiene por objeto regularizar estas últimas ordenes de detención, las que deberán ser dispuestas en tiempo oportuno y conforme a la ley. Tiene por objeto armonizar la realidad de las detenciones y prisiones preventivas con las exigencias de una sociedad que reconoce el Derecho como pauta fundamental para su organización y funcionamiento”.