Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que firmaron el polémico fallo que obliga a fiscales y jueces a cumplir lo que dice el Código Procesal Penal sobre las prisiones preventivas, no asistieron esta mañana a la reunión entre el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del máximo tribunal, Pedro Llorente. Además de Llorente de parte la Corte solamente participaron Herman Salvini, Mario Adaro y el procurador, Rodolfo González. Después de más de dos horas de deliberaciones, el presidente del máximo tribunal se comprometió a llamar a un plenario este martes para transmitir los cuestionamientos. 

El faltazo de Omar Palermo, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde generó malestar en los miembros del Ejecutivo, que han sido muy críticos sobr lo resuelto por la Corte.

En ese sentido la vicegobernadora, Laura Montero, los criticó por haberse ausentado. “Como no estaba Xumek no vinieron, lamentamos que se hayan excusado con una acordada”, señaló. La vicegobernadora, que se encargó de dar a conocer los resultados de la reunión, manifestó que lo que el Ejecutivo persigue es que se revean algunos puntos de la resolución.

Montero resaltó que, a pesar de las diferencias con respecto al fallo -que obliga a jueces y fiscales a cumplir lo que dice el Código Procesal Penal-, buscaron tener un “contacto directo” con la Corte. Desde el Ejecutivo no quieren que se rompan las relaciones y siguen apostando al “diálogo institucional” para resolver estas diferencias. Durante el encuentro el mandatario hizo varios planteos que esperan que sean transmitidos por Llorente en el plenario. 

En ese sentido, Llorente les manifestó que desde la Corte también quieren mantener el diálogo y “cuidar las relaciones” entre las partes.

Varios fueron los planteos que se hicieron porque el Gobierno tiene cada vez más dudas acerca de la implementación. Entre las críticas, cuestionan que se atribuyen “implicancias severas” en el accionar de las fuerzas de seguridad, la falta de precisión en cuanto a la fecha de aplicación y resaltaron que el fallo se toma más atribuciones de las que pedía el hábeas corpus presentado por Xumek, la ONG especializada en derechos humanos.

Además plantearon la “debilidad” en que quedarían las fuerzas de seguridad. También reiteraron que la resolución deja un vacío en los mecanismos procesales para dictar prisión preventiva.

“Para dar cumplimiento a este fallo se requieren recursos, es de cumplimiento imposible, desnuda las debilidades del Poder Judicial y deja al borde del colapso al sistema de seguridad”, añadió Montero.

Si bien desde el Ejecutivo apuestan al diálogo, si los jueces en el plenario no revisan los cuestionamientos planteados, tendrán que buscar otras alternativas como la sanción de una ley que modifique los plazos y procedimientos. Es decir, desde el Gobierno reconocieron que hay un “conflicto por delante” si este dictamen no se modifica.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, reiteró que no buscan generar conflictos sino que están detrás de una solución. “Ellos van a tratar de solucionarlo, estamos priorizando el diálogo que es lo que corresponde”, sostuvo. Por su parte el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, también manifestó su preocupación por la falta de “diálogo institucional”. “Las soluciones a la realidad no se cambian con acordadas”, concluyó.

De la reunión también participó el ministro de Seguridad, Gianni Venier, el jefe de la Policía, Roberto Munives y el diputado nacional, Luis Petri, entre otros.