Están desesperados porque hace siete meses esperaban poder habitar sus nuevas viviendas en el barrio Arco Iris II de Maipú. Son 42 familias de Luzuriaga que este miércoles reclamaron en Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) una respuesta y pronto entrega. Sin embargo, se fueron sin saber cuándo podrán habitar sus futuros hogares. Mientras tanto, dieron cuenta que ese barrio ya ha comenzado a ser saqueado aprovechando que todavía no está ocupado.

“En 2013 empezaron la obra y todavía no nos entregan las casas. Nos dijeron que estarían para julio del año pasado, después para septiembre y, posteriormente, para diciembre antes del traspaso de Gobierno. Estamos a mediados de febrero y no tenemos noticias”, dijo Eduardo Parodi, uno de los futuros propietarios, quien se mostró preocupado porque el barrio está “casi” terminado pero la obra congelada.

Por su lado, Mauricio Brunato, otra de las personas que se manifestó en el IPV, confió que las casas están siendo saqueadas por malvivientes que se están llevando las puertas y ventanas. Además, de surtidores, lavatorios e inodoros.

“Hay un solo sereno por turno y si entra una persona armada no va a arriesgar su vida. Hemos hecho las denuncias a la policía pero como el terreno está cercado por la empresa constructora dicen que no pueden hacer nada”, confió el hombre.

El presidente del IPV, Damián Salamone, recibió a las familias y les explicó que la obra está paralizada por “falta de pagos de la gestión anterior”, pero que están saldando en cuotas las deudas por lo que intimidarán legalmente a la constructora Pagliara para que finalice los trabajos y se entregue el barrio.

Ex funcionarios de Pérez descreen de la auditoría y le apuntan a Montero https://t.co/OYS5z9AOwo pic.twitter.com/vWAcEFNrdg

— ElSol .com.ar (@elsolonline) enero 13, 2016

El funcionario explicó a El Sol que no son solamente estas 42 familias las perjudicadas por “la mala administración anterior” sino que hay 4.200 más y unas 500 casas adjudicadas y nunca se comenzó la obra.

 

“Cuando asumí a través de una auditoria nacional descubrimos que la deuda no registrada del Instituto era un poco más de 400 millones de pesos, de los cuales 300 millones se les debe a las constructoras y por ello han paralizado varias obras”, detalló Salamone y confirmó que continuarán con el cronograma de pagos a las empresas para que las mismas retomen rápidamente las obras y no haya más familias mendocinas perjudicadas.

A fines de enero, el titular del IPV comentaba a este diario: “Hay obras que tenían una documentación técnica con un monto específico y cuando iniciaron eran más caras por el mejoramiento del terreno, estaban licitadas con un valor de terreno y durante la obra resultó que los montos superaban ampliamente, entonces la provincia tiene que pagar mucho más”.

Por el momento, los vecinos de Luzuriaga deberán esperar hasta fines de febrero a una nueva reunión con la cooperativa, la empresa constructora y el IPV para que les den una fecha de entrega del Arcos Iris II.