Es hora de que la Justicia comience a rendir cuentas. Que jueces y fiscales den explicaciones públicas del porqué de algunas decisiones que, en muchos casos, se alejan no sólo del Derecho, sino que también van a contramano del sentido común. No se puede imputar y, en algunos casos, enviar a la cárcel a los acusados de algún delito con la misma facilidad con que después se pide un sobreseimiento. Algo anduvo mal. Se valoraron mal las pruebas o se tomaron decisiones de manera apresurada. Y debe existir más responsabilidad a la hora de impulsar una acción penal. Lo mismo ocurre con los jueces que deben garantizar el proceso. Exigen que la evidencia que llega desde la instrucción sea tan certera como la necesaria para llegar a una condena. Y, cuando ocurre eso, interrumpen el circuito natural que debe tener una causa. Desconocen el concepto de “semiplena prueba” e impiden que un caso llegue al debate a hora, instancia en que, muchas veces, se termina de resolver una historia.