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Ley de alquileres: inmobiliarios se oponen y señalan un aumento del mercado negro

Los detractores del proyecto advierten de un mayor abuso por parte de los propietarios como consecuencia de una menor oferta ante los cambios.

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Por: Alexis Montivero

Ante la media sanción que otorgó el Senado de la Nación al proyecto de ley que limita el precio de los alquileres, entre otras medidas, desde el sector inmobiliario mendocino criticaron la medida, asegurando que implicará mayores desventajas para los inquilinos desde el ámbito ilegal.

El centro de la medida es la actualización de los contratos cada año con un índice ponderado entre los índices de precios al consumidor (IPC), elaborado por el Indec, y el coeficiente de variación salarial, que surge de las paritarias.

La idea es que los precios no se dictaminen según la especulación del mercado inmobiliario, pero desde el sector señalaron problemas legales.

El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Miguel Astorga, señaló que existe una ley que continúa vigente -la 23.928- en la que se prohibe actualización monetaria o indexación por precios, como propone el nuevo proyecto.

Según Astorga, la existencia de las dos leyes genera un panorama en el que el inquilino puede anular el contrato de locación. "Es incoherente; se hace para proteger a quienes irónicamente tienen el poder de decisión. Pueden decir 'no te alquilo' y la historia se termina: hay mucha oferta acá en Mendoza", señaló.

Santiago Debé, titular de la inmobiliaria homónima, advirtió que esa situación se puede revertir. Según indicó, la intervención de este proyecto vuelve poco favorable la inversión en este mercado, reduciendo así el número de locaciones.

"Se perjudica al inquilino y va a tener que pactar lo que le pidan en el mercado negro, no seamos ingenuos, cuando esto surge, las ofertas aparecen por el costado: sacan ventaja de alguna manera que no quede registrada", señaló Debé.

Respecto a la idea de evitar que las inmobiliarias acuerden el precio a voluntad, el empresario aseguró que, con la cantidad de personas demandando y las miles de ofertas para alquiler, "acordar es imposible,  hasta por 200 pesos la persona elige a otro y los propietarios quieren tener inquilinos".

Beneficio para todos

El sociólogo especializado en Economía Javier Elizondo explicó que las medidas del Gobierno dependen de la perspectiva con la que tomen a los inquilinos. Según el experto, si el mendocino es consumidor, queda librado a las decisiones del mercado, mientras que las necesidades como ciudadano requieren que el Estado regule.

"Hay casi 7 millones de personas en el país que necesitan alquilar, el Gobierno interviene para que no se produzcan abusos en una situación donde el inquilino necesita un lugar para vivir", mencionó. Es decir, la situación de vulnerabilidad es mucho mayor del lado de quien demanda que de las inmobiliarias, según Elizondo.

Sin embargo, el especialista indicó que "es beneficioso también para los propietarios aunque no lo reconozcan", ya que es una forma de que todos compitan bajo las mismas condiciones. "Pone las mismas reglas para todos", señaló.

Respecto al mercado negro, Elizondo señaló que es un flagelo que siempre existirá, más aún con la tecnología, independientemente de la medida. "Siempre es una queja del sector, difícil de seguir, sumado a las tendencias de Internet donde se puede acordar alojamiento. Las tecnologías, las modas y las nuevas formas de vincularse corren en paralelo o en contra de la ley".

"Hay que terminar con el abuso"

Frente a la polémica suscitada por el proyecto, Mario Vadillo, vicepresidente de la ONG Protectora, denunció que las condiciones actuales de alquiler van contra los usuarios.

"Hay que terminar con el gran abuso que existe últimamente: con los contratos y las renovaciones hay que pagar depósito, comisión, adelanto, sellado y un montón de ítems que son un robo y termina todo cerca de los 30 mil pesos. Si uno se va, encuentra un mercado deficitario habitacional: pocos propietarios y muchos inquilinos", aseguró.

Para Vadillo, es necesario diferenciar la ganancia que deben obtener los propietarios del lucro indebido. "No puede ser que todo se determine a ojo, hay que usar una medición", puntualizó.

Las claves del proyecto

Las modificaciones que se buscan introducir contemplan, en primer lugar, ampliar el plazo mínimo de contrato de dos a tres años.

Además, pone un tope al aumento por debajo del nivel inflacionario y en un periodo anual.

El depósito de garantía, por otro lado, debe devolverse con un monto actualizado y por el valor de hasta un mes de alquiler.

Las comisiones a su vez tendrán que estar determinadas por ley y tampoco superar ese límite.

El inquilino no debe abonar en ningún caso las expensas extraordinarias y puede rescindir el contrato sin causa ni necesidad de esperar el plazo de seis meses.

Por último, las partes estarán obligadas a determinar si se renueva o no el contrato 60 días antes de que la locación llegue a vencimiento.


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