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Quién controla a quién: el principal problema por el proyecto local de Ética Pública

El Fiscal de Estado Fernando Simón se mostró en contra de la decisión de poner al área responsable de investigar las declaraciones juradas bajo la órbita del Senado.

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Por: Alexis Montivero

El tratamiento del proyecto de Ley de Ética Pública en Mendoza para que los funcionarios mendocinos declaren su patrimonio, tiene su principal punto de conflicto en el órgano que se encargará de controlar estos documentos.

Mientras que el oficialismo busca que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas salga de la órbita de la Fiscalía de Estado y pase a depender del Senado, el responsable actual de esa última área, junto con la oposición, considera que esta decisión es contraria a lo que significa controlar. Fundamentalmente, porque quien elegiría al titular de esta organismo sería el gobernador.

En palabras de Fernando Simón, fiscal de Estado, quien controla no puede depender del controlado. "Romper la Fiscalía y llevarse una parte importante para ponerlo bajo la órbita del Senado no me parece lo más adecuado", expresó.

Según el fiscal, ese punto del proyecto –que consideró positivo en líneas generales– roza la inconstitucionalidad. Esto se debe a que sería Alfredo Cornejo quien designe al responsable de dirigir la oficina que controlará a sus funcionarios y a él mismo.

Esto sucede a finales de un año en que las declaraciones juradas presentadas en Mendoza tuvieron repercusión nacional debido a la presentación de algunos integrantes del gabinete cornejista, con funcionarios que presentaron autos por el valor de un peso y casas de setenta centavos.

Frente a esto, y luego de 3.600 declaraciones recibidas y publicadas por la Fiscalía de Estado, Simón aprovechó para advertir sobre puntos de el proyecto que en la práctica han generado inconvenientes.

Tal es el caso de las multas, única sanción que se menciona en el proyecto por no declarar el patrimonio antes, durante y después de la función, según reconoció una de sus autoras, la senadora Daniela García -vinculada a la vicegobernadora Laura Montero-.

El problema que señaló Simón es que existe la posibilidad de que algunos funcionarios prefieran pagar la multa a presentar su declaración jurada, algo que iría contra el espíritu de transparencia de la misma iniaciativa.

Según expresó el presidente de la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio, la idea es continuar debatiendo el proyecto hasta obtener un despacho favorable, dejando la puerta abierta a modificar el artículo que indica la separación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

"Estamos debatiendo, no hay nada definido", aseguró Rubio, reiterando la voluntad de obtener consenso con la oposición, luego de una semana en que la que el Frente para la Victoria decidiera apoyar el Presupuesto para el 2017 del oficialismo.


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