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Crítica de la CIDH a Cornejo por endurecer prisiones preventivas

En el informe sobre el estado de los DDHH en el país, el organismo "lamenta" las acciones del Gobierno provincial.

Ampliar imagen cárcel, presos, penitenciaría, rejas

Por: ElSol.com.ar

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en el país, hay varios párrafos dedicados a Mendoza y a la dura postura del gobernador Alfredo Cornejo respecto al régimen de prisiones preventivas.

Así, a grandes razgos se advierte de un retroceso en la materia a partir de la asunción de Cornejo. En ese sentido, la CIDH afirma: "En el caso de la provincia de Mendoza lamenta las acciones realizadas por el Gobierno provincial para contrarrestar los efectos jurisprudenciales alcanzados por la decisión de habeas corpus de la Suprema Corte de Mendoza emitida el 23 de diciembre del 2015".

En materia legislativa, destaca el informe "cabe mencionar que en junio de 2016 entró en vigor en la provincia de Mendoza la Ley 8.869 que sustituye y modifica los artículos del Código Procesal Penal mendocino en lo referido al dictado de prisiones preventivas. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicha ley establece la prisión preventiva como “regla” y refleja los enfoques punitivistas por parte del gobierno".

Respecto a esa ley, propuesta e impulsada por el Gobierno provincial, "la CIDH advierte que la Ley 8.869 establece como causales de procedencia de prisión preventiva, entre otros, los delitos cometidos en flagrancia, delitos con penas mayores a 3 años, y reincidencia; además, la norma de referencia establece un plazo de diez días para la celebración de la audiencia de prisión preventiva, que puede ser prorrogado por otros diez a pedido del Ministerio Público Fiscal".

Y agrega: "La CIDH ha determinado que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Esta medida procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos expresamente previstos por la Ley, y sólo es admisible cuando se dirige a cumplir sus fines legítimos, consistentes en prevenir el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia, y evitar que obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso".

Paralelamente, la Comisión valora "positivamente" la decisión adoptada el 23 de diciembre de 2015 por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en virtud de la cual se otorga un habeas corpus colectivo que representa significativos avances en materia de reducción de la prisión preventiva, "tales como los siguientes: regularización de la situación procesal de las personas detenidas sin orden judicial en un plazo de 60 días;  sometimiento de la detención al control judicial en el plazo máximo de 24 horas; registro de las prisiones preventivas en la provincia; mayores requisitos para la determinación de prisión preventiva por parte de los jueces de garantías y jueces de instrucción; y aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva conforme los principios de subsidiariedad y progresividad".

Asimismo, la CIDH deja en claro que no le gustó para nada la que Cornejo haya atacado el fallo de la Corte: "La Comisión Interamericana advierte la realización de acciones regresivas tendientes a contrarrestar sus efectos (los del fallo), a través de la aprobación de la Ley 8.869 que modifica el Código Procesal Penal mendocino, y de la presentación por parte del jefe del Ministerio Público Fiscal de Mendoza de un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, con el objeto de que no se implementara esta decisión por considerarla 'usurpación de la función legislativa'".

Y finalmente aclara: "A la fecha, la resolución de hábeas corpus se encuentra suspendida hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelva el recurso interpuesto".


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