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Femicidios: la necesidad de ir más allá de la persecución penal

Fernando Peñaloza es un abogado vinculado con los movimientos de Derechos Humanos. Reflexiona sobre la necesidad de ver más allá de los hechos concretos.

Ampliar imagen Violencia de género

Por: ElSol.com.ar

El abogado Fernando Peñaloza, querellante en los casos de las despariciones de Soledad Olivera y Johana Chacón, escribió sobre las realidad institucional en materia de violencia de género y cómo se apela únicamente a las reacciones epasmódicas cada vez que ocurre un caso grave.

Esta es su columna:

A propósito de los últimos sucesos que sacudieron nuestra provincia durante esta semana y las respuestas de la sociedad mendocina en general, se hace necesario detenerse a reflexionar y ampliar el foco de la cámara, ver la problemática de la violencia de género en forma más integral y no solamente como episodios de femicidio.

Estos delitos, producto de la violencia machista naturalizada en nuestra sociedad patriarcal y sexista, son su consecuencia más tremenda y aberrante. Pero la violencia hacia las mujeres es mucho más que eso, es cotidiana, es invisible, es un problema multicausal y multicomplejo. Por eso no alcanza con respuestas unívocas, no alcanzará con sumar oficinas, con salir en forma reactiva a crear nuevas y especializadas estructuras.

Lo primero, a mi humilde entender, es hacernos preguntas, más que emitir rápidas respuestas. Y la primera pregunta que se podría hacer desde los espacios en los que se definen las políticas en relación a este tema es ¿Qué lugar se le asignará a la mujer en situación de violencia? ¿Seguirá siendo “la víctima” o podremos pensarla en tanto ciudadana con derechos, con autonomía, con posibilidad de decidir sobre su propia vida?.

El riesgo que se corre ante este tipo de tragedia es mantener a la mujer en situación de violencia relegada al lugar de víctima, casi como un objeto no pensante sobre el que todos podemos opinar, definir, decidir. Se reubica a la mujer en un rol sin voz y tanto profesionales como políticos, jueces, personas de la sociedad en general creemos saber exactamente qué necesita una mujer en situación de violencia. El gran riesgo es que cuando se dan respuestas rápidas y en forma reactiva se comente el error de creer que la única salida es profundizar los mecanismos de persecución penal, se traslada el péndulo a un excesivo punitivismo y se relega nuevamente a la mujer en situación de violencia, se invisibiliza nuevamente su problemática cotidiana como si la única solución a todos los problemas fuera condenar a los femicidas.

Entiendo que este movimiento social que se ha generado a propósito de los hechos sucedidos, dan la oportunidad a los poderes del gobierno de garantizar el primer derecho que las mujeres muchas veces ven relegado cuando acuden en busca de ayuda a los estrados judicial, el acceso a la justicia. Y con esto, se está ante la gran posibilidad de ampliar la base de ciudadanía de las mujeres en situación de violencia. Diariamente vemos a personas que transitan, un poco perdidas, oficinas y Unidades Fiscales en el gran Mendoza para saber cómo van sus causas, en busca de alguien que les explique y asesore respecto de los vericuetos del sistema penal y no encuentran una respuesta, no encuentran mecanismos efectivos para plantear sus demandas. Una vez que se hace la denuncia,  el sistema se apropia del conflicto y relega al denunciante al lugar de “objeto de prueba” su acceso a la justicia queda limitado al momento de denunciar pero su rol en el proceso penal se ve invisibilizado. El discurso jurídico en muchas oportunidades tiene el efecto de alejar a los ciudadanos de la justicia, de diezmar su posibilidad de ser plenos protagonistas de sus propios procesos judiciales. Preguntémosnos, entonces: ¿Qué lugar tiene la mujer en situación de violencia en tanto denunciante? Las mujeres, las cotidianas, las que transitan por estas oficinas sin saber qué sucederá con la denuncia, cuando será notificado el agresor de la medida de protección, si será detenido, si será dado en libertad, cuando sucederá eso.

“Las mujeres no tienen la posibilidad de apropiarse de los procesos judiciales que intentan protegerlas” y esta es la mayor deuda que se tiene desde el poder judicial y la mejor respuesta que hoy puede darse.

El ministerio publico cuenta en la actualidad con una oficina de querellante, que se constituye como tal a pedido de las víctimas solo en las investigaciones de algunos delitos de especial gravedad. Esta oficina no cuenta con los recursos suficientes para acompañar todos los procesos en que las mujeres son víctimas como por ejemplo lesiones o amenazas. En especial las mujeres en situaciones económicas vulnerables no cuentan con el abogado/a que acompañe los procesos judiciales, las investigaciones penales y quedan perdidas en el entramado procesal. Quizás no se trate únicamente de generar nuevas estructuras sino más bien de asignar recursos a las que ya están, de pensar cómo acercar la voz de las mujeres a las causas penales.

Qué sucedería por ejemplo si en el momento de hacer la denuncia se le dijera a la mujer en la oficina fiscal cercana a su domicilio “usted tiene posibilidad de contar con un abogado/a que represente sus intereses en esta causa, que le explique los pasos a seguir, que la asesore, que presente recursos en caso de ser necesario”. En este sentido recientemente se ha enviado a la legislatura el proyecto de ley para la creación del Ministerio Público de la Defensa, es quizás el momento de afinar el lápiz allí y crear la oficina de querellantes en causas de violencia de género.

Escuchar, abrir el juego a la voz de las mujeres en situación de violencia de género en tanto sujetas de derecho  y no objetos de protección sea quizás la mejor y más concreta respuesta que hoy puede darse para evitar nuevas tragedias.


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