El tire y afloje entre el Gobierno provincial y los empresarios que tienen la concesión del transporte público terminó afectando única y exclusivamente a los usuarios.
Se trata de una puja entre una gestión estatal, que ha mostrado una incapacidad total para llegar en condiciones a la etapa final del mandato, y un grupo de empresarios, que utiliza un servicio básico como si fuera una herramienta de extorsión. Porque, en definitiva, eso es lo que hacen. No asumen ningún riesgo y trasladan todos sus costos al Estado, a través de subsidios, o al usuario, a través de las tarifas. En concreto, malos contra malos decidieron enfrentarse. Y, cuando eso ocurre, pierden todos los mendocinos.