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  • Hora13:37 Hs.
  • 02/08/2013
Lesa humanidad

Tras las fugas, ordenan nuevas medidas para trasladar a los militares detenidos

La orden es que el Servicio Penitenciario Federal disponga de los medios necesarios para que la atención médica de los detenidos procesados o condenados se realice en hospitales propias de la institución penitenciaria.


El Gobierno de Argentina ordenó este viernes nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de delitos de lesa humanidad, luego de que dos exmilitares condenados por crímenes durante la última dictadura (1976-1983) se fugaran la semana pasada.

Las nuevas condiciones para el traslado de los detenidos fueron establecidas por el Ministerio de Justicia argentino mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

La medida ordena al Servicio Penitenciario Federal disponer los medios necesarios para que la atención médica de los detenidos procesados o condenados se realice en hospitales propias de la institución penitenciaria o, en su defecto, en los hospitales públicos más cercanos al lugar de detención.

En caso de que un juez ordene un traslado al Hospital Militar Central o a cualquier otro centro de salud dependiente de las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario deberá realizar en forma previa un "exhaustivo informe sobre las condiciones de seguridad de dicho traslado", señala la resolución.

En los casos en los que la evaluación de las condiciones de seguridad aconseje no realizar el traslado ordenado por la Justicia, el Servicio Penitenciario deberá "recurrir por las vías correspondientes la decisión judicial".

Los exmilitares Jorge Olivera, condenado en la norteña provincia de San Juan a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon el pasado 25 de julio del Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde habían sido trasladados para recibir atención médica.

El exmayor Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.

El Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención.

Además dispuso el bloque de cuentas bancarias y bienes de los dos exmilitares prófugos. 

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