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SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA

María José Ubaldini: ?El aborto no punible está vigente y Mendoza no es una excepción?

La funcionaria restó importancia al rechazo del protocolo en el Senado. Aseguró que lo que vale es lo que dicen el Código Penal y el fallo de la Corte Suprema.

Ampliar imagen Mara Jos Ubaldini

La discusión por la adhesión a la Guía Práctica para Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación no se agotó en el archivo del proyecto que fue rechazado en el Senado mendocino. Dentro del Ejecutivo, y en voz baja, el debate continúa; especialmente, entre las dos áreas vinculadas directamente al tema: Salud y Desarrollo Humano, de donde depende la Subsecretaría de Derechos Humanos. "El aborto no punible está vigente en toda Argentina y Mendoza no es la excepción. Es algo que ya está legislado a nivel nacional y las únicas dudas que existían fueron resueltas por la Corte Suprema", explicó la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini.

La funcionaria tuvo un papel protagónico durante el debate en la Legislatura, pero trabajando siempre entre la sombra y sin buscar réditos. Básicamente, porque ella representa a un sector del Gobierno que militaba el protocolo, pero sin decirlo abiertamente. Tanto ella como el ministro Guillermo Elizalde dejaron bien plantada la posición de esa cartera cada vez que tuvieron intervención. Sin embargo, ambos sabían que no era la misma postura que la del titular de Salud, Carlos Díaz Russo, quien abogó por darle un tinte religioso a la discusión y tener en cuenta la posición que tenía la Iglesia católica al respecto.

Luego de que el Senado votara en contra del proyecto de la diputada radical Liliana Vietti, que había sido aprobado en la Cámara Baja, el gobernador Francisco Pérez se limitó a decir que él estaba "a favor de la vida", y con esa frase deslizó su oposición a que el protocolo se reglamente en la provincia. En la misma frecuencia, el asesor general de Gobierno, César Mosso Giannini, había presentado un escrito para rechazar un amparo de una ONG, donde explicaba que la postura adoptada era considerar a todo tipo de aborto como un delito, dejando de lado las aclaratorias del Código Penal o el fallo de la Corte sobre interrupciones de embarazos en casos puntuales. Ni la Fiscalía de Estado compartió esa postura y se limitó a dar una respuesta técnica jurídica.

"Los legisladores provinciales no pueden desconocer lo que establece el Código Penal. Más allá de que no quieran adherir a la Guía, igual se practican abortos no punibles en Mendoza. El único objetivo que tenía el protocolo era echar luz en los casos en que los médicos se niegan a realizar este tipo de intervención, nada más. En todo caso, es el Ministerio de Salud el que debería haber pedido por la adhesión; ese es el órgano de aplicación", aclaró Ubaldini. Para la funcionaria, desde su área harán todo lo posible para dar asistencia a las mujeres que lleguen con este requerimiento. "Tuvimos un solo caso hasta el momento que llegó a la Subsecretaría. Lo resolvimos y se pudo practicar la intervención", relató.

La posición adoptada por Ubaldini tiene una explicación que va más allá de lo ideológico. Ante la negativa de realizar un aborto no punible, la Provincia se expone a una denuncia en los tribunales internacionales de Derechos Humanos, donde el Estado argentino ya ha sido sancionado por casos con estas características. De ocurrir, se provocaría un cortocircuito con los lineamientos bajados desde la Nación. "Hay temas sobre los que no se puede seguir discutiendo, porque hay leyes y jurisprudencia al respecto. Si una mujer es violada y queda embarazada, se le puede realizar un aborto no punible. Lo mismo si la víctima, tal como expresa el Código Penal, es idiota o demente. La Guía serviría, sobre todo, en los casos que generaran algún tipo de duda. Si no, no hace falta ni la autorización de un juez", analizó.

Uno de los puntos que estudiarán en Desarrollo Social en los próximos días es el alcance que puede tener un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien no se abordó un caso específico de aborto no punible, se conocieron conceptos del tribunal para entender algunos puntos cuando se plantea este tipo de debate. En un caso sobre fertilización in vitro, la Corte reglamentó de alguna manera el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

A partir de esta idea, el máximo tribunal de la región argumentó que "el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer". Y luego completó la idea: "No es procedente otorgar el estatus de persona al embrión".

La sentencia cuestiona directamente el principal argumento utilizado por quienes se oponen a la interrupción del embarazo bajo todo punto de vista y sin tener en cuenta los atenuantes a los cuales ha hecho referencia la Justicia argentina y que están explícitos en el Código Penal. "Vamos a analizar ese fallo. Sería muy importante poder ver cuál es la posición de la Corte Interamericana. Igual, como dije antes, el aborto punible se puede practicar en Mendoza. Y en la Subsecretaría de Derechos Humanos vamos a asesorar a quien lo necesite", concluyó Ubaldini. 


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